En este sentido, el Cermi plantea que los trabajadores con discapacidad sobrevenida mantendrán su empleo, suspendiéndolo mientras no haya un puesto adecuado, con las adaptaciones y ajustes razonables que sean precisos, sin que la discapacidad o incapacidad reconocida constituya una causa de extinción de su contrato de trabajo.

Según el Cermi, "sólo se extinguiría cuando sea imposible encontrar o adaptar su puesto". Así, plantea la obligación de la empresa de dar ocupación “efectiva” al trabajador afectado en otro puesto de trabajo distinto al correspondiente a su profesión habitual, en el caso de la invalidez permanente total, o en puesto compatible con su incapacidad, en el caso de la absoluta.

Además, propone que, si en la fecha de declaración de la invalidez la empresa carece de puesto de trabajo adecuado o éste no ha sido adaptado, "debería aumentarse el plazo de dos a cuatro años para que se produjera la vacante", bajo el derecho de "preferencia absoluta" para su reincorporación.

Así, según señala el Cermi, una vez vencido este periodo de tiempo, se procedería a la extinción del contrato de trabajo con derecho del trabajador a percibir la indemnización prevista para el supuesto de despido por causas objetivas, es decir, veinte días de salario por año de antigüedad, con un máximo de doce mensualidades.

En el caso en que la persona declarada en situación de invalidez hubiera recuperado su capacidad total o quedara reducida a incapacidad parcial, también se establecería la "preferencia absoluta" del interesado a ocupar la primera vacante de su categoría o adecuada a su capacidad, excepto en el caso en que hubiera extinguido su relación laboral.

Por otra parte, el Cermi considera necesario mejorar el porcentaje de reducción o bonificación del 50% en la cuota empresarial a la Seguridad Social, así como ampliar los supuestos en los que está prevista actualmente; y que las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales tengan un papel “más activo" y desarrollen una labor de apoyo a las empresas en materia de adaptación de puestos de trabajo.

Por último, el Cermi demanda ayudas dirigidas a compensar a las empresas y los trabajadores los gastos derivados de la adaptación de estos puestos y la accesibilidad de los centros, que "podían ser financiados con cargo al fondo de prevención y rehabilitación establecido en la Ley General de Seguridad Social".