En declaraciones a Servimedia, el presidente del sindicato, Miguel Borra, señaló que la organización ha vuelto a solicitar por carta una reunión con el ministro o con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a los que acusó de haber abierto "la caja de Pandora” entre los empleados públicos.

Borra afirmó que el sindicato no se ha reunido aún con los responsables del Ejecutivo, a los que reclama que “aclaren a qué se refieren” con las medidas que se anuncian o que podrían adoptar los ayuntamientos.

Según el presidente de CSI-F, de las palabras de Montoro, como cuando apuntó que no habría reducciones de plantilla, “se pueden interpretar cosas muy distintas”. En este sentido, agregó que toda la información que sobre estas medidas tiene el sindicato “es la que vamos oyendo en los medios de comunicación”.

Otro de los aspectos que la organización sindical quiere hablar con el ministro y con el secretario de Estado es sobre las medidas que la reforma laboral incluye y que afectan al empleado público, sobre todo la que permite la aplicación de expedientes de regulación de empleo (ERE) justificados por insuficiencia presupuestaria.

Borra recordó que los responsables del sindicato se están reuniendo con los grupos parlamentarios para tratar de “dar una reducción alternativa a esta medida” y para evitar que los trabajadores que han logrado su plaza pública a través de procesos selectivos no se vean afectados por ella.

Por otro lado, la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT) denuncia en una nota de prensa que el Ministerio que dirige Montoro obligue a los ayuntamientos que quieran optar al fondo para pagar a los proveedores a que se “sometan a recortes en el capítulo de empleo”.

La FSP-UGT muestra su “rechazo rotundo” a esta medida, ya que considera que “es injusto realizar despidos de empleados públicos en la Administración Local cuando, en la mayoría de los casos, el impago de esas facturas se debe a las políticas de despilfarro continuado aprobadas por los políticos de turno”.