Esa es la explicación que el PSOE ve en las exigencias contenidas en los planes de viabilidad a los que se condiciona la adhesión de los ayuntamientos al plan de pago a proveedores.

También a las previsiones contenidas en la reforma laboral sobre empleo en las administraciones, y a la reducción del gasto en ese ámbito previsto en el techo de gasto aprobado ya por el Congreso.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, cree que la conclusión de todo ello es que el Gobierno pretende “limpiar” las administraciones de trabajadores, sobre todo de laborales fijos, para después privatizar con mayor facilidad los servicios que prestan a los ciudadanos.

Por ello, el PSOE quiere que una subcomisión parlamentaria haga un seguimiento minucioso de ese plan de pago a proveedores, dado que algunas de las preguntas suscitadas en la convalidación del decreto no sólo no se han resuelto sino que “se van agrandando”.

El PSOE mantiene su tesis de que deben cobrar primero las pymes, porque son las que más se resienten por esos impagos, y no quienes puedan afrontar una quita de la deuda, porque eso hará que cobren sobre todos los de mayor capacidad financiera.

Soraya Rodríguez denunció además como “inaceptable, inapropiado, tendencioso”, el comentario del ministro Cristobal Montoro sobre el posible despido de trabajadores públicos, al asegurar que quienes no estén “cruzados de brazos” no tienen nada que temer.

Esa reflexión, dijo la portavoz socialista, pretende “denostar” tanto los servicios públicos como los trabajadores que los prestan, y confirma la intención de ajustar las cuentas a costa del empleo público.