Así lo indica un artículo elaborado por los economistas Luis Pinheiro y Rita Sánchez titulado ‘La UE en 2022: a vueltas con la reforma de las reglas fiscales”, publicado en el informe mensual correspondiente a diciembre de CaixaBank Research, el centro de estudios de la entidad financiera, en el que los autores apuntan a esta posible reforma ya “una revisión completa” de las reglas fiscales “parece complicada, al necesitar la unanimidad de los Estados miembro”.

El artículo comienza resaltando que “el fuerte deterioro sufrido por las finanzas públicas a raíz de la pandemia ha reabierto el debate sobre la necesidad de reformar las normas fiscales de la UE” y recuerda que las actuales reglas fiscales se remontan a 1992, cuando el Tratado de Maastricht fijó los requisitos para acceder a la moneda única y se incorporaron también al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) cuando se adoptó en 1997.

Así, los autores explican que el límite de deuda pública se fijó en un 60% del PIB (coincidiendo con la media europea en la década de 1990), “un objetivo que se creyó que se cumpliría a medio plazo si el tope para el déficit público se fijaba en el 3% del PIB, ya que el crecimiento nominal en aquella época rondaba el 5%”, y que, de esta manera, “el PEC se aprobó en un contexto de crecimiento económico elevado y bajos niveles de deuda, una situación que dista sobremanera del momento actual”.

Más tarde, añaden Pinheiro y Sánchez, la crisis financiera global de 2008 “forzó a Bruselas a adoptar un conjunto de propuestas legislativas conocidas como ‘Six Pack’ y ‘Two Pack’”, pero advierten de que “es­­tos ‘retoques’ no lograron resolver los principales problemas del PEC: su falta de flexibilidad para adaptarse al ciclo económico y a la realidad de cada Estado miembro, su escasa transparencia, su excesiva complejidad y la ausencia de mecanismos que aseguren su cumplimiento”. En este sentido, agregan que “incluso la propia Comisión Europea reconoció que estas reformas agravaban los problemas mencionados, al introducir nuevos procedimientos presupuestarios y criterios de difícil medición a corto plazo”.

A continuación, el último ciclo expansivo (2014-2019) puso de manifiesto, según los autores del artículo, “el enorme reto que algunos Estados miembros afrontan para poder cumplir con los objetivos del PEC”, y apuntan que “los Estados miembros lograron ajustar sus ratios de déficit público sobre el PIB hasta situarlas por debajo del 3% en 2019 (España y Francia aprobaron por los pelos), al tiempo que el saldo primario (que excluye el pago de intereses) también registró un comportamiento muy positivo en la mayoría de los casos, aunque España no sería uno de ellos”. Esta evolución redujo la presión sobre las ratios de deuda pública, que cayeron a lo largo del periodo, aunque en 2019 todavía se situaban muy por encima del objetivo del 60% en muchos países.

Ya en el contexto macroeconómico previo a la pandemia, el artículo resalta que “el esfuerzo que algunos países debían llevar a cabo para reducir su deuda en el marco de las reglas del Pacto Fiscal era enorme” y apunta que “en el supuesto de que los tipos de interés a largo plazo y el ritmo de crecimiento nominal del PIB alcanzado en 2019 se hubieran mantenido estables, Grecia debería registrar durante 20 años un superávit primario superior al 6%; Italia y Portugal, en torno al 3,0%, y España, Francia y Bélgica, en torno al 2%”, lo que considera que “no parece viable, especialmente teniendo en cuenta el incumplimiento sistemático de las reglas fiscales en el pasado”.

En este sentido, Pinheiro y Sánchez añaden que “la crisis de la Covid-19 agravó los problemas existentes al hacer patente que las reglas fiscales actuales difícilmente serían adecuadas para la nueva realidad” y recuerda que “la excepcionalidad de la situación dictó la suspensión temporal del PEC (desde marzo de 2020 hasta, previsiblemente, 2023) y reavivó el debate de la reforma de las reglas fiscales”.

De esta forma, los autores resumen que “la discusión se puede dividir en tres corrientes: los que defienden que el marco actual no necesita reformas; los que reconocen que las reglas fiscales deben adaptarse, pero dentro del marco actual; y los que exigen una revisión completa, incluyendo la sustitución de los objetivos numéricos incorporados en los tratados europeos”. Ante este escenario, los autores creen más posible la reforma “dentro del marco actual”.

REGLA DE GASTO

Así, entre las soluciones posibles, los autores destacan “el cambio de enfoque de reglas basadas en el déficit estructural hacia una regla de gasto”, explicando que “esta se podría adaptar de forma ágil a las condiciones macroeconómicas de cada país (principalmente al nivel de deuda pública) y podría incluir excepciones que afectarían, entre otros, a la inversión pública, para limitar el sesgo ‘antiinversión pública’ del sistema actual”. También consideran “fundamental mejorar la transparencia de estas reglas, reducir su complejidad y reforzar el papel de las instituciones de vigilancia fiscal, creando incentivos y mecanismos que favorezcan su cumplimiento”.

A este respecto, Pinheiro y Sánchez advierten que aunque la adopción de una regla de gasto añada transparencia y previsibilidad al marco fiscal europeo, “es importante destacar la dificultad de acotar excepciones”, por la complejidad de determinar qué partidas de gasto público quedan excluidas de la regla de gasto y cuáles no, así como “la necesidad de definir límites claros al rango de actuación de las distintas instituciones involucradas en el proceso”.

Por todo ello, los autores del artículo defienden que “una reforma de las reglas fiscales debería ser capaz de abordar las deficiencias ya identificadas permitiendo salir de esta crisis con un mecanismo de control y coordinación fiscal sencillo y creíble, que pueda dotar a los Estados miembros de una arquitectura suficientemente sólida para afrontar los principales retos de la UE: convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro, adaptarlo a la era digital, reducir la desigualdad y paliar los efectos del envejecimiento”, y “todo ello sin poner en cuestión la sostenibilidad de la deuda pública a largo plazo”.