No obstante, estas organizaciones reconocen que, gracias a su trabajo con los grupos parlamentarios, "la reforma incluye alguna mejora relevante, como la posibilidad de que las ONG puedan visitar y fiscalizar el funcionamiento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)".

Sin embargo, lamentan que en el proyecto finalmente aprobado se hayan incluido "importantes restricciones que afectarán gravemente a las personas inmigrantes que viven en España".

Cáritas, CEAR y la Red Acoge llaman la atención especialmente sobre que los inmigrantes no puedan reagrupar a sus ascendientes, "lo que perjudicará gravemente el proceso de integración social", y la obligación de iniciar un expediente sancionador a las inmigrantes en situación administrativa irregular en España que denuncien ser víctimas de violencia de género, "lo que objetivamente desincentivará estas denuncias".

Otras cuestiones que denuncian estas organizaciones son el aumento de las sanciones a quienes faciliten el empadronamiento de personas extranjeras en situación irregular, y la ampliación del internamiento de inmigrantes irregulares en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días.

CEAR, Cáritas y Red Acoge anuncian que proseguirán su interlocución con los grupos políticos con representación en el Senado para intentar garantizar que la reforma de la Ley de Extranjería atienda finalmente a los derechos de los inmigrantes.

Finalmente, reiteran su apuesta por construir una política de inmigración basada en un gran consenso social que defina un modelo de integración de las personas inmigrantes en España. A su juicio, esta opción exige que España, a casi dos meses de asumir la Presidencia de turno de la Unión Europea, lidere un cambio profundo de las políticas comunitarias, en la línea opuesta al Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo aprobado en octubre de 2008.