El sindicato se manifiesta así en un comunicado ante el propósito del Ministerio de Trabajo de transformar el SEPE en agencia de empleo, tal y como contempla el anteproyecto de la Ley de Empleo que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes.

CSIF denuncia que el Gobierno no haya contado con las organizaciones sindicales que, según explica, llevan alertando 18 meses sobre la “situación límite” que sufre el SEPE. Además, el sindicato critica que el Gobierno pretenda “hacer entender al conjunto de la ciudadanía que todo lo relacionado con el empleo y la formación de los desempleados también es gestionado por el SEPE, cuando el conjunto de aspectos correspondientes a esta materia es una competencia transferida a las comunidades autónomas, quedando para el SEPE el impulso y la coordinación de dichas políticas con esas administraciones”.

Asimismo, CSIF sostiene que debe haber una sinergia entre las políticas activas y la protección por desempleo, por lo que el SEPE “debería contar con una dotación de recursos humanos y económicos acorde a la que reciben las comunidades autónomas para realizar una gestión óptima de las prestaciones por desempleo a nivel estatal”.

CARENCIA DE EFECTIVOS

Por ello, exige “soluciones inmediatas a la gravísima carencia de efectivos” e implementar recursos tecnológicos que permitan una “mayor agilidad para gestionar la actual carga de trabajo” que, según explica, se ha cuadruplicado con respecto a 2019.

En esta línea, CSIF indica que, a estas cargas de trabajo en el SEPE, se añade “la descapitalización de efectivos en estos últimos años y el alarmante número de jubilaciones que se están produciendo entre la plantilla ante la incertidumbre de la reforma de las pensiones y la alta edad media de la misma”.

En concreto, cifra en 3.500 los efectivos estructurales perdidos en estos últimos diez años, además del cese de otros 1.500 funcionarios interinos incorporados consecuencia del Covid.

“En definitiva, un total de 5.000 trabajadores han dejado de prestar servicio a la ciudadanía, una cifra que pretenden compensar con la incorporación a corto plazo de 250 funcionarios interinos, sin experiencia alguna en la gestión de las prestaciones”, añade la organización sindical.

“Desde CSIF constatamos que la gestión de las prestaciones por desempleo no es ni prioritaria ni importante para los máximos responsables de este organismo, a pesar de que éste tramita de media cada año alrededor de treinta mil millones de euros, puesto que no se le dota de los medios mínimos, ni humanos ni materiales. Todo ello implica un evidente retraso para nuestros usuarios en la obtención de cita previa presencial y en la gestión de sus solicitudes de prestaciones por desempleo”, concluye el sindicato.