Rosa Díez defendió la moción y pidió voto separado al entender que el PP respaldaba los primeros cuatro puntos, pero la votación fue idéntica para el conjunto de la iniciativa, sólo 5 votos a favor y todo el resto en contra.

La líder de UPyD basó su intervención en la idea de que la amplia descentralización política de España no puede poner en cuestión la autonomía que debe tener también el Estado para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos al margen del techo competencial de la comunidad en la que vivan o el partido que la gobierne.

Su tesis es que las duplicidades entre administraciones y el despilfarro consecuente está en el origen de la crisis política que subyace a la económica.

Por eso, proponía, entre otras cosas, que el Estado ejerza sobre las comunidades autónomas, cuando menos, la misma capacidad de control presupuestario y supervisión que la Unión Europea ejerce sobre él, con mecanismos de control previo sobre los presupuestos autonómicos y un régimen de sanción específico.

Para “racionalizar” el entramado institucional, proponía eliminar todo organismo, empresa o sociedad cuya actividad duplique la de otra administración, y la fusión de las que tengan duplicidades. También la fusión de los municipios pequeños y la supresión de las diputaciones, así como la eliminación de los regímenes fiscales “privilegiados” de País Vasco y Navarra.

En su exposición de motivos, la iniciativa se remitía a un estudio sobre “el coste del Estado autonómico”, según el cual la aplicación al resto de los criterios de las tres comunidades más eficientes hubiera ahorrado a las demás unos 74.345 millones de euros entre 2008 y 2011.

El PP presentó una enmienda, rechazada por UPyD y defendida por Rafael Merino, que contenía las medidas ya acometidas por el Gobierno para evitar esas duplicidades y garantizar la estabilidad presupuestaria de las administraciones, objetivos en los que coincidió con Rosa Díez.

Sn embargo, Merino denunció la “demagogia” de UPyD por reclamar sin más la fusión de hasta 7.000 ayuntamientos sin contar con ellos ni con las comunidades autónomas, y cifrar el ahorro de sus medidas sin fundamento “técnico ni jurídico”.

Denunció también la “irresponsabilidad” del PSOE porque fue su gestión la que “se cargó” la estabilidad presupuestaria, se “relajó” ante el endeudamiento de las comunidades y “mintió” sobre los Presupuestos de 2008 y 2009, lo que ha obligado a las autonomías a devolver un dinero que ahora no tienen.

Frente a todo ello, ha sido la “responsabilidad reformista” del Gobierno y del PP la que está racionalizando el funcionamiento de las administraciones, evitando duplicidades pero sin eliminar diputaciones porque prestan servicios a los municipios más pequeños.

También el socialista Odón Elorza compartió los objetivos de eficacia y eficiencia que Rosa Díez decía defender, pero sin “imposiciones” y sobre todo sin un discurso “muy populista, muy fácil”, que en su opinión busca sólo “halagar el oído” de determinados sectores en un momento de crisis y de evidente descrédito de la política.

Para el PSOE, lo correcto sería que una subcomisión parlamentaria estudiara, junto con las propias comunidades y los municipios aglutinados en la Femp, los mecanismos para evitar duplicidades, definir competencias y establecer mecanismos de financiacion.

Odón Elorza denunció sobre todo la “barbaridad” de defender la desaparición del concierto económico vasco, una “agresión” que además “no es inteligente” en un momento en el que “estamos en el camino de conseguir la desaparición del terrorismo”.

Muy duro con la iniciativa y con los argumentos de Rosa Díez fue Emilio Olabarría, del PNV, para quien “la temeridad” de defender su contenido sólo puede explicarse por el intento de atraer “el nicho de voto a la derecha del PP”. “Siga por ahí, por favor”, le dijo con ironía.

Carles Páramo, de CiU, puso a Cataluña como ejemplo de eficacia y eficiencia, hasta el punto de que sería una de las tres que, según la iniciativa de UPyD, podría ser modelo para las demás. Sin embargo, renegó del “llamamiento a la recentralización del Estado” que ve en el discurso de Rosa Díez.

Ascensión de las Heras, en nombre de La Izquierda Plural, denunció la defensa de un modelo “centralista” en el que sólo el Estado es “firme garante de la patria”, y advirtió de que la eficiencia de las administraciones no pasa por su “desmantelamiento” sino por la transparencia y la participación democrática y directa de los ciudadanos.