Según una nota de prensa, la JpD considera que los empresarios podrán ahora alterar el salario, la jornada, el horario, la movilidad funcional y geográfica pactados en los contratos de trabajo. Asimismo, tendrán la facultad de retirarse de los convenios colectivos, lo que puede debilitar los sindicatos y la negociación colectiva “y profundiza la desigualdad entre las partes del contrato de trabajo”.

La asociación de jueces consideró que la iniciativa puede poner a los trabajadores en el dilema de aceptar cambios en sus condiciones de trabajo o ser despedidos. Además, perjudica la tutela judicial, especialmente a los jueces de la Jurisdicción Social, quienes ya no podrán valorar la razonabilidad de la extinción del contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Según explicaron, estos cambios “desincentivarán el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales” y son contrarios a las ordenanzas de la Constitución, “que integra el derecho a no ser despedido sin justa causa”. Además, los jueces consideraron que la medida se encuentra al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).