En la iniciativa, se propone añadir una nueva disposición final que dice: "Entre el 1 de noviembre y el 15 de marzo del año subsiguiente, quedará suspendida toda ejecución de los lanzamientos o desahucios por impago previstos en esta ley".

Guillot afirma que una de las consecuencias más dramáticas de la crisis es el goteo incesante en las ejecuciones de las órdenes de expulsión y desahucio de hogares por impago.

Por esta causa, están quedando en el más absoluto desamparo centenares de familias en España, "y se están llevando a cabo incluso bajo las condiciones climáticas más extremas."

El senador de la Entesa se fija en la legislación francesa que prevé desde 1956 esta tregua invernal y "no sólo supone un elemento fundamental de dignidad humana y de lucha contra la exclusión social, sino que además son por sentido común mecanismos esenciales de prevención en materia de salud pública".

Guillot expresó, además, su indignación por las afirmaciones de la Asociación Española de Banca que, tras conocer el código de buena conducta para flexibilizar las hipotecas para el colectivo en riesgo de exclusión, ha criticado que se pida a las entidades que "asuman funciones contra la exclusión social que corresponden a las administraciones públicas."