Después de la aprobación de esa ley, Corredor subrayó el "amplio consenso" parlamentario para dar un paso adelante en la política del Gobierno para fomentar el mercado de alquiler de viviendas en España.

La ministra defendió que esa ley tranquilizará a los propietarios que pongan en alquiler su vivienda y que en caso de impago podrán ejecutar el desalojo con brevedad y sin complicaciones procesales, y preserva los derechos de los inquilinos "de buena fe".

Por ello, aseguró que mejorará la oferta de viviendas de alquiler, que serán de mayor calidad y a precio más competitivo.

La ministra defendió también la gestión de la Sociedad Pública de Alquiler, gracias a la cual en un año más de 11.200 familias han encontrado una vivienda a precio inferior al de mercado y con seguridad para ellos y para los propietarios.