En una nota, SOS Racismo recuerda que "que toda Ley de Extranjería es discriminatoria por esencia puesto que crea categorías de ciudadanos entre personas que comparten una misma sociedad en función de su origen y nacionalidad".

"La reforma actual no sólo persiste en mantener aquellos recortes ya establecidos en materia de derechos, sino que agrava y endurece la normativa, a pesar de los intentos demagógicos por parte del Gobierno y quienes le apoyan de 'venderla' a la opinión pública como una ley progresista y garantista", añade esta organización.

No obstante, reconoce que "incorpora o restablece algunos derechos, pero ante este hecho hay que recordar que se trataba de una obligación tras la sentencia del Constitucional y, por otro lado, que el reconocimiento de derechos a las personas inmigradas no son una gracia gubernamental, sino una conquista por parte del colectivo y una cuestión de justicia social. Los derechos son inherentes a la condición de ser persona y cualquier otra argumentación supone un atentado contra la dignidad humana".

Además, SOS Racismo subraya "la necesidad de reivindicar una política migratoria que contemple la inmigración como un hecho configurado por personas y no por cifras o mano de obra. La concepción de la inmigración como mera mano de obra se ha intensificado debido a la derechización del discurso en materia migratoria por parte de gran parte de la clase política (no sólo a nivel estatal, sino también europeo) y un contexto de crisis económica que ha alimentado los discursos utilitaristas y de prioridad nacional".

Así, señala, "se deslegitiman otros motivos para migrar, como el deseo de las personas de cambiar y mejorar sus vidas. Cabe recordar en este punto que, al mismo tiempo que se endurece la Ley de Extranjería, se ha hecho otro tanto con la Ley de Asilo, a través de una reforma que reduce más si cabe las posibilidades de acceder al estatus de persona refugiada".

Por todo lo anterior, SOS Racismo denuncia que pedir al inmigrante que sea titular de una residencia de larga duración, para reagrupar a los ascendientes y que además éste tenga más de 65 años, "supone una quiebra del derecho fundamental a la vida en familia y la unidad familiar".

Asimismo, denuncia que ampliar el tiempo de internamiento de 40 a 60 días" es una clara vulneración de los derechos humanos", y aclara que "las medidas incorporadas, como son la presencia del juzgado de instrucción durante todo el proceso o la visita de las ONG en los centros de internamiento no pueden resolver ni legitimar una situación, la privación de libertad de personas inocentes, contraria de por sí a los valores de un estado de derecho y democrático".

Finalmente, SOS Racismo indica que "la creación de la figura de residente de larga duración, así como la incorporación de la figura de extranjero con tarjeta azul implica la categorización de la inmigración agravando la desigualdad de derechos existente anteriormente entre extranjeros y nacionales y entre inmigrantes en situación regular e irregular".