Así consta en una proposición no de ley registrada por el Grupo Parlamentario ERC-IU-ICV en el Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Interior. En el texto, señalan que en la Comunidad de Madrid se ha registrado un incremento de agresiones y amenazas contra inmigrantes, contra colectivos sociales e incluso contra partidos políticos.

Para IU-ICV, episodios como el asesinato en Madrid de Carlos Palomino, de 16 años, a manos de un militar que asistía a la manifestación convocada el 11 de noviembre por las Juventudes de Democracia Nacional bajo un lema racista “no pueden ni deben considerarse hechos aislados y mucho menos revestirlos del carácter de reyerta juvenil entre bandas”.

“Los gobiernos deben responder ante lo que verdaderamente son: Ataques de corte fascista que tienen anclaje en organizaciones y grupúsculos que difunden su ideología nazi, poniendo en peligro la seguridad y la convivencia pacífica y democrática de los ciudadanos”, afirman Llamazares y Herrera.

Para ambos diputados, no basta con la “denuncia con contundencia y sin paliativos” a este tipo de hechos, sino que resulta necesario que el Gobierno desarrolle un plan de seguridad específico que permita actuar también en la investigación de las actividades de aquellos grupos sospechosos de participar en movimientos de extrema derecha, sus redes de financiación, la difusión de su ideología y sus conexiones internacionales.

La proposición insta también al Gobierno a elaborar un plan de prevención contra el fascismo, el racismo y la xenofobia, y a presentar, en el plazo de seis meses, un informe que refleje con “exactitud” la “dimensión” de estos grupos y la “participación de miembros de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las mismas”.

Por último, reclama un aumento de los medios “de todo tipo” y de los recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para controlar de forma eficaz las actuaciones de estos grupos y perseguir los delitos que cometan.