En declaraciones a Servimedia, el presidente de AEA, Mario Arnaldo, calificó la norma de "chapuza legislativa" y afirmó que "en modo alguno es un modelo de técnica legislativa. Tiene graves contradicciones que pueden dar lugar a situaciones muy peligrosas para la seguridad vial".

Así, apuntó que "habría que quitar los puntos a los diputados y a los senadores" porque han eliminado "situaciones peligrosas para la seguridad vial" supuestos que acarreaban pérdida de puntos como conducir de forma negligente, circular sin alumbrado "por la noche" o estacionar en curvas o cambios de rasante de reducida visibilidad.

Además, calificó a la ley de "franquista" porque "resucita una figura del régimen franquista como es la de la responsabilidad subsidiaria del propietario del vehículo en el caso de que el conductor no pague".

"Que nadie se equivoque. Ésta es una reforma para recaudar más y establece un procedimiento inquisitorial, volviendo a situaciones similares a las que existían en el régimen franquista", recalcó.

Por su parte, el director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, se mostró "totalmente en contra" de la ley del pago exprés de las multas porque, a su juicio, "beneficia a la administración al agilizar los trámites de los cobros de las sanciones, en perjuicio de los conductores".

Además, Santa Cecilia reiteró que la ley "persuade al pronto pago frente a hacer uso de los derechos y libertades de los conductores a la hora de reclamar la sanción", y destacó que la norma "intentará maximizar la colocación de radares".