Según explicaron desde Cermi, el acceso al entorno digital es hoy un “factor clave” para la participación comunitaria y la inclusión social, así como para el ejercicio real de otros muchos derechos “por lo que, si no existe garantía de conectividad para operar en entornos digitales, muchas personas y grupos de población, entre ellos el de las personas con discapacidad, quedarán excluidos de la vida en comunidad”.

A su juicio, la nueva norma legal “debe establecer como derecho de nuevo cuño el de la conexión digital, regulando las condiciones para su pleno despliegue”, tal y como lo expresó la entidad en su documento de enmiendas al proyecto de Ley General de Telecomunicaciones dirigido a los grupos parlamentarios de la Cámara Baja.

Además de formular este derecho de conexión, las alegaciones del Cermi a la iniciativa normativa se dirigen a que las telecomunicaciones y los servicios tecnológicos a ellas asociadas sean universalmente accesibles, y que la nueva norma fomente la infoinclusión de las personas con discapacidad y de edad avanzada.