En rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, denunció que la aceptación de esa revisión sin cambiar los objetivos de estabilidad presupuestaria forzará al Parlamento a debatir sobre unas cifras "ficticias".

Por ello, reclamó al Gobierno que, si como ha dicho el ministro Luis de Guindos, acepta esa revisión, reúna al Consejo de Ministros para aprobar unas nuevas cifras de estabilidad presupuestaria antes de someterlas a votación en la sesión que comienza este martes en el Congreso.

Esas cifras no son sólo el techo de gasto, argumentó, sino el reparto de reducción del déficit entre las distintas administraciones, por lo que, si se cambia el objetivo final del 5,8 al 5,3% del PIB, tienen que ser también modificadas antes de someterse a debate en el Congreso.

No vale, para el PSOE, el argumento del Gobierno de que sólo se vota un techo de gasto, un límite máximo, y por tanto puede votarse aunque luego el gasto tenga que ser menor.

A juicio de los socialistas, el Gobierno debería decir a Bruselas que no acepta esa revisión y defender, con el respaldo del PSOE "hombro con hombro", que sólo con ajuste no se supera la crisis y hay que flexibilizar ese objetivo.

En las cifras ya presentadas por el Gobierno, a las que habría que añadir un recorte adicional de 5.000 millones, hay 10.000 millones de reducción del gasto "que no se explica de dónde van a salir", indicó.

El PSOE cree que el Gobierno "está pensando en una subida del IVA" pero no lo dirá hasta después de las elecciones en Andalucía y Asturias, y por eso no presenta los Presupuestos hasta después de esos comicios.

Para cuadrar las cuentas, el PSOE augura además un "despido masivo" de trabajadores públicos, personal laboral de las administraciones, entre 200.000 y 300.000.

Además, la previsión de más de 600.000 desempleados más este año y de déficit cero de la Seguridad Social sólo es compatible, dicen los socialistas, con una reducción de las prestaciones por desempleo.

Junto a ello, si no se reparte equitativamente la reducción del déficit, temen que el mayor esfuerzo salga de los servicios públicos básicos que prestan las comunidades autónomas y los ayuntamientos.