La nueva norma de extranjería contó con los 185 votos favorables del PSOE, CiU, CC y PNV; 146 en contra de PP, IU-ICV y ERC, y 4 de abstención del Grupo Mixto.

La diputada socialista Esperanza Esteve, que defendió el texto, aseguró que de las 732 enmniendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios se han incorporado 300, lo que supone un 40% del total, y lo que a su juicio demuestra "el esfuerzo de aproximación que hemos hecho con todos".

Subrayó que el marco de referencia de esta ley es un modelo intercultural, basado en derechos y deberes de los extranjeros y sujeto a la Constitución y las leyes, "para construir convivencia".

Esteve destacó las garantías jurídicas que recoge esta norma para los inmigrantes irregulares internados en los CIE, unas garantías, según dijo, que son las que justifican la ampliación del plazo de internamiento de 40 a 60 días. También subrayó que estas personas disfrutarán de mayores garantías sociales y sanitarias, y que las ONG podrán acceder a estos centros.

La parlamentaria socialista también recalcó la importancia de que a las mujeres víctimas de violencia de género se les conceda un permiso de residencia y trabajo.

Finalmente, rechazó el contrato de integración que defendía el PP, porque, a su juicio, el Gobierno apuesta por una sociedad intercultural y no por el "asimilacionismo".

Por su parte, el diputado de CiU Carles Campuzano y el de CC José Luis Perestelo justificaron su apoyo a la nueva Ley de Extranjería en que el texto recoge gran parte de sus enmiendas, que en el caso de los nacionalistas catalanes blindan las competencias en inmigración que recogen los estatutos de autonomía de Cataluña y de Andalucía, y en el caso de los nacionalistas canarios suponen que las comunidades autónomas, ONG y fundaciones podrán tutelar a menores extranjeros no acompañados que sean trasladados desde Canarias.

Además, Perestelo agradeció a la parlamentaria Esteve sus esfuerzos para llegar a un acuerdo en esta reforma, que también permite a las comunidades autónomas llegar a convenios con los países de origen de los inmigrantes para acometer programas de desarrollo, educación y formación.

Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría resaltó las mejoras introducidas a este proyecto del Gobierno en su trámite en el Congreso y anunció que su grupo, en el trámite del Senado, intentará de nuevo introducir cuestiones como la concesión de permiso de residencia y trabajo a las mujeres víctimas de violencia de género, aunque no exista sentencia condenatoria al agresor, así como la distribución equitativa de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas.

Los parlamentarios de IU-ICV y ERC Joan Herrera y Joan Tardá, respectivamente, expresaron su rechazo a esta ley por la ampliación de 40 a 60 días del internamiento de los extranjeros irregulares y por la imposibilidad de los inmigrantes residentes a reagrupar a sus padres si tienen menos de 65 años.

COLADERO DE INMIGRANTES

Finalmente, el diputado del PP calificó esta reforma de la Ley de Extranjería de operación de "cosmética" y "continuista" en la política de inmigración del Gobierno, que, según dijo, ha convertido esta cuestión en el tercer problema de preocupación de los españoles.

A su juicio, esta ley no va a impedir que España siga siendo un "coladero" de inmigrantes y "un paraiso de las mafias" de tráfico de seres humanos.

Además, Hernando lamentó que no se haya aceptado la enmienda de su grupo para introducir un visado de búsqueda de empleo y que el texto no recoja una mención expresa a la prohibición de procesos de regularizaciones "masivas".

El diputado dijo que con esta reforma se ha perdido una oportunidad para erradicar la inmigración irregular que tiene conexión con la delincuencia, y calificó de "disparate" que algunas comunidades autónomas tengan competencias para renovar permisos de residencia y trabajo, así como para firmar acuerdos con terceros países para iniciar programas de desarrollo, educación y formación de menores.