La ministra de Economía, Elena Salgado, arrancó el debate de totalidad de la Lofca, la normativa de financiación de las CCAA, afirmando que las reformas que hoy se someten a debate en el Congreso “vienen a resolver problemas que se pusieron de relieve en el actual sistema”.

Principalmente, apuntó, aquellos derivados de los crecimientos demográficos asimétricos en los años de vigencia del actual modelo. Con las reformas, afirmó Salgado, se refuerzan las prestaciones del Estado de bienestar.

Para la ministra, uno de los ejes básicos de esta reforma es el refuerzo de las políticas sociales dirigidas a todos los ciudadanos. Precisamente, la aprobación prevista de las leyes supone la ampliación de los recursos destinados a fines sociales en 11.700 millones de euros, “una ampliación de los recursos que ha sido una pretensión constante de muchos” de los grupos políticos con representación en la Cámara Baja.

Del total de ese dinero, se destinarán 1.812 millones de euros a la población dependiente, según Salgado, quien recordó que la distribución del montante total se ha llevado a cabo teniendo en cuenta criterios de aumento de población.

La portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a Salgado de hacer una reforma financiera que “les conviene a ustedes por que la emplean como un instrumento al servicio de una política partidista”. “Es evidente”, dijo, “que no promueve la igualdad ni la eficiencia económica”.

Para la diputada popular, el Gobierno ha aceptado “un juego muy peligroso en el que los derechos corresponden a las CCAA”, frente a los derechos de los ciudadanos. “Nunca hemos tenido que repetir tanto que España es una nación de ciudadanos libres e iguales, y voten lo que voten y piensen lo que piensen, tienen los mismos derechos y merecen el mismo trato”. Por ello, para Sáenz de Santamaría, se trata de una reforma “injusta e insolidaria que impone por ley la desigualdad”.

La portavoz de UpyD, Rosa Díez, advirtió del riesgo de que haya ciudadanos de primera, segunda o tercera dependiendo del lugar de residencia o del color político de turno. A su juicio, el modelo es una nueva oportunidad para asegurar un modelo estable y duradero, y si el anterior demostró en pocos años los desequilibrios que generaba “el de ahora no resuelve esa carencia, pues asume que habrá esas diferencias”, dijo.

Por su parte, el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, aseguró que el sistema penaliza a las CCAA que hacen un mayor esfuerzo fiscal, y denunció que “bajo la retórica de la igualdad (el modelo) es injusto socialmente y discriminatorio”.

“Es un modelo opaco”, añadió, “que no corresponde al principio de transparencia. Aún ahora el Gobierno no nos ha dicho qué incremento de recursos supone para Cataluña. El Gobierno ni confirma ni desmiente, simplemente calla”, lamentó. Como hizo lo propio el portavoz de Coalición Canaria, José Luis Perestelo, que mostró su preocupación por que la reforma echa por tierra “lo que nos ha costado cuatro años negociar”.

El parlamentario Joan Ridao, de ERC, saludó que la reforma desarrolla “en toda su potencialidad” el Estatuto catalán, mientras que Joan Herrera, del Grupo Parlamentario GERC-IU-ICV, señaló que el problema es que el nuevo modelo “llega tarde”, “asfixiando (el anterior) a las comunidades autónomas”. Tildó de “hipócrita” la postura del PP que hoy presenta una enmienda la totalidad mientras que por otra aplica en las CCAA en que gobierna, como Valencia o Madrid, el título de la película de Woody Allen “Coge el dinero y corre”.

Pedro Aspiazu, diputado del PNV, recordó que el debate de hoy poco menos que ni les va ni les viene, pues el País Vasco goza de un régimen fiscal propio, regulado por medio del Concierto. No obstante, tras señalar la abstención de su partido, puso de relieve la necesidad de que las reformas cuenten con el consenso debido.

Por último, el portavoz socialista en el debate, Francisco Fernández Marugán, tras echar de menos en este debate al portavoz económico popular, Cristóbal Montoro, señaló que "no parece razonable" que las CCAA presenten sus servicios en función de su renta.

RECONOCIMIENTO DE LA MAYOR POBLACIÓN

El Consejo de Minitros aprobó el pasado 11 de septiembre el Proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), junto al Proyecto de Ley de Financiación, cuya tramitación parlamentaria concluyó hoy. Ambos proyectos de ley fueron elaborados a partir del acuerdo del nuevo modelo de financiación autonómica que se aprobó en el Consejo de de Política Fiscal y Financiera del pasado 15 de julio. El nuevo modelo de financiación se acordó en primera votación, sin ningún voto en contra.

Según ha defendido el Gobierno, el nuevo sistema parte del reconocimiento de los cambios demográficos de la última década en España y plantea un mecanismo de actualización anual que permite un sistema más flexible y eficaz que el anterior, con el fin de adecuarse a las necesidades reales de gasto de las Comunidades Autónomas.

Para ello, el modelo tiene en cuenta los aumentos de población registrados desde 1999, año que se tomó como base del actual sistema, y se regirá por criterios de población ajustada, que reflejan mejor las diferencias en el coste de la prestación de los servicios en las distintas Comunidades Autónomas.

Con este fin se han revisado los criterios de ajuste de la población, se otorga, por primera vez, un mejor reconocimiento a factores como la edad en la atención sanitaria (se definen siete grupos de edad), el envejecimiento o la población en edad escolar (de cero a dieciséis años), y se da una mayor ponderación a factores no poblacionales como la dispersión, la insularidad y la superficie.

Por otro lado, el nuevo sistema dota de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal a las Comunidades Autónomas, ya que contarán con una mayor capacidad normativa y un mayor porcentaje de impuestos cedidos: el 50 por 100 del IRPF y el IVA y el 58 por 100 de los Impuestos Especiales. Así, en el sistema actual el 70 por 100 de todos los recursos de las Comunidades provienen de los impuestos cedidos parcial o totalmente por el Estado; con el nuevo modelo, este porcentaje pasaría a ser de aproximadamente el 90 por 100. Además, el Estado aportará en torno a once mil millones de euros adicionales.