Según informaron fuentes del diálogo social a Servimedia, la reunión de este martes concluyó sin acuerdo y “existen importantes diferencias”, aunque precisaron que “hay consenso en la filosofía y en el esquema de contratación que se perfila” en las propuestas que se han ido trasladando.

En relación al contrato fijo discontinuo, quedan también asuntos importantes en los que acercar posiciones, como los criterios objetivos y formales del llamamiento; las causas por las que se justifica la posible falta de incorporación ante un llamamiento para que no se considere una dimisión de la persona trabajadora; el periodo garantizado de trabajo efectivo, y el cómputo de la antigüedad, según explicaron desde CCOO.

Fuentes de la patronal también reconocieron avances, ya que el Ejecutivo está atendiendo algunas de las cuestiones planteadas por CEOE en la propuesta que recientemente han llevado a la mesa del diálogo social, especialmente en lo que se refiere a introducir más flexibilidad en contratación de fijos discontinuos y contratación temporal.

En este sentido, diferentes medios apuntan a que el Gobierno no impondrá un porcentaje máximo de la plantilla que una empresa puede tener en situación de temporalidad en la contratación para actividades ocasionales, aunque sí se establecería una duración de 90 días como tope en estos contratos.

Con estas cuestiones sobre la mesa, Gobierno, patronal y sindicatos volverán a reunirse el próximo viernes en el seno de la mesa del diálogo social, tras varias semanas en las que se han intensificado los contactos con el fin de acelerar los trabajos para alcanzar un acuerdo en el plazo dado para modificar el actual marco normativo de trabajo.

De hecho, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, insistió este pasado viernes en que el Ejecutivo mantiene su compromiso de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva reforma laboral antes del 31 de diciembre, cumpliendo así con el componente 23 del paquete de reformas que el Estado español tiene comprometido con la Unión Europea para seguir recibiendo los fondos Next Generation-EU y paliar los efectos sociales y económicos de la pandemia de Covid-19. Fuentes del Gobierno apuntaban la semana pasada que no se prevé agotar el plazo y que, de hecho, ya se baraja una fecha para aprobar la nueva reforma laboral.