Fuentes del Ministerio de Economía y Competitividad explicaron que la adhesión es una decisión de cada entidad pero que, una vez sea firmado, le vincula por dos años jurídicamente y es de obligado cumplimiento.

El departamento que dirige Luis de Guindos reconoce que se trata de un "esfuerzo" para las entidades financieras porque tiene un coste que tendrán que asumir.

"No es algo inocuo para las entidades. No es algo que les vaya a salir gratis, pero es un esfuerzo y parece que muchas de ellas lo van a pedir", apuntaron las mismas fuentes.

No obstante, Economía también tiene claro que es una medida "dolorosa" para el deudor y "no creemos que haya un acogimiento abusivo de la dación en pago".

Pero el Ministerio precisa que la dación en pago es la última solución del mecanismo, puesto que inicialmente la entidad y el cliente tienen un plazo para entablar una renegociación de la hipoteca y, si el plan sigue siendo inviable, la entidad adoptaría un segundo paso que sería proponer una quita (a la cual no está obligada) sobre la deuda.

Finalmente, si agotados los pasos anteriores la deuda continúa siendo inviable para la unidad familiar, el banco aplicaría la dación en pago y podría continuar como inquilino en alquiler.