Esta cuestión estuvo presente en las conversaciones con los ocho presidentes autonómicos (Madrid, Galicia, Extremadura, La Rioja, Canarias, Aragón, Castilla y León y Murcia) que acudieron al acto oficial con motivo del Día de la Constitución.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó el texto porque “siempre se comete un trato injusto” con esta región y relató que la Comunidad está “infrafinanciada” con respecto a Cataluña y pidió al Ejecutivo “responsabilidad” para que los madrileños no sean “ciudadanos de segunda”.

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alberto Núñez Feijóo, admitió que todavía debía ahondar más en el texto pero que ya le había dado tiempo a ver que había cosas que iban en la buena dirección, aunque en él detalle se observaba cosas sorprendentes como que en el baremo sanitario se valore más a la población joven que a la mayor.

A su juicio, esta cuestión de la financiación autonómica, según la conversación informal que mantuvo con los periodistas, no se va a resolver mientras no se sepa cuánto dinero adicional se va a poner a repartir entre las comunidades autónomas.

Pesimista, pero por otro motivo, se mostró el murciano Fernando López-Miras, quién sostuvo que este Ejecutivo no sacará adelante esta reforma mientras siga dependiendo de los que dependen, porque, deberán construir un sistema a favor de los intereses de los catalanes, explicó.

Además, López- Miras criticó que no le gusta nada el contenido de la propuesta que remitió Hacienda y menos aun las formas. En una conversación informal con periodistas sostuvo que se trata de una sopa de cifras y un documento vago que abre cualquier interpretación.

Por Extremadura, el presidente Guillermo Fernández Vara admitió que le suena bien lo expuesto por el Ministerio de Hacienda y que, al menos, ya hay una base sobre la que discutir.

Línea similar mantuvo la presidenta de La Rioja, Concha Andreu, quién defendió que todavía hay alguna cosa que corregir que no les gusta pero que avanza bien.

Por otra parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, admitió que aun tenía que mirar con detenimiento el texto pero que de entrada estaba contento porque recogía a insularidad de su región.

Después de esta situación dispar, fuentes de Hacienda comentaron a Servimedia que con el Partido Popular es difícil llegar al consenso porque todo les parece mal, tanto si presentas propuestas como si no; por lo que esta cuestión, admiten, va a seguir para adelante con ellos o sin ellos.

El pasado viernes, el Gobierno de coalición dio un primer paso en la reforma de la financiación autonómica, “caducado” desde 2014, al trasladar a las comunidades autónomas de régimen común y Ceuta y Melilla una propuesta sobre el criterio de población activa a aplicar en el futuro sistema, para el que propone aumentar el peso del gasto sanitario y educativo, así como de variables geográficas como la dispersión, la despoblación y la insularidad, y bajar la importancia de la población empadronada.

De momento, en su propuesta sobre el criterio de población ajustada, tan solo una de las variables que se aplican en el sistema, Hacienda ha planteado que el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumente respecto al sistema actual, pasando de tener una ponderación del 38% a una de entre el 40% y el 45%, mientras que en el gasto en educación propone que su ponderación se incremente desde el 20,5% actual hasta una horquilla que varía entre el 25% y el 30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.

En cuanto al gasto en servicios sociales, que en el modelo actual es de un 8,5%, pasaría a ser de entre un 6% o un 10% y, dentro de esta variable, el padrón de las personas mayores de 65 años pesaría entre un 80% o 90% y el de los parados entre un 10% o 20%.

Sobre el gasto en el resto de servicios que realizan las comunidades autónomas, la propuesta es mantener la estructura actual respecto a esta variable, por lo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, pero plantea que la ponderación de este indicador se reduzca del 30% actual a un baremo entre el 18% y el 22%.