Esta paralización suspende temporalmente la entrada en el Sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (SAAD) de los catalogados por este mismo sistema como dependientes moderados.

En concreto, la iniciativa abogaba por mantener y cumplir el actual calendario de implantación del sistema de dependencia y su baremo. Igualmente, pedía que se convocara a los grupos de la Cámara Baja en el plazo de un mes para poner en común los retos del sistema, reflejando las conclusiones recientes de la última evaluación presentada.

Finalmente, demandaba que todos los acuerdos relacionados con la viabilidad y mantenimiento del sistema de dependencia se sigan abordando en el Consejo Territorial de Dependencia y órganos consultivos, "tales como los consejos de ONGs, Mayores y de Discapacidad".

EL DEBATE

Durante el debate de la proposición, la socialista Rosa Aguilar, encargada de defenderla, hizo público su temor de que la paralización temporal del desarrollo de la ley signifique "la antesala del desmantelamiento del Estado del bienestar".

Admitió que "la ley se puede mejorar, pero sin paralizarla" y vaticinó que con el decreto de diciembre se dejarán de crear más de 70.000 puestos de trabajo.

A este respecto, Susana Camarero, del PP, y Carles Campuzano, de CiU, reprocharon al PSOE haber creado menos empleos de los prometidos con la Ley de Dependencia y mostraron su rechazo al texto propuesto por los socialistas. Por su parte, La Izquierda Plural y UPyD apoyaron la iniciativa original del Grupo Socialista, pese a no estar de acuerdo con la totalidad de su contenido.