La votación se cerró con 181 votos en contra, 118 abstenciones y 36 votos favorables, por lo que esta moción quedó rechazada.

Desde la Izquierda Plural, Joan Coscubiela afirmó que "no podemos continuar así, no puede ser que las familias se vean perseguidas por todo el mundo".

Coscubiela dijo al Gobierno que es un tema que tenemos que resolver "y es un buen momento para hacerlo".

Desde este grupo se perseguía que las entidades financieras acepten la dación en pago, es decir, que ante una situación de insolvencia, con entregar la vivienda quede saldada la deuda.

Además, la propuesta tenía otras dos líneas de actuación como que, en el plazo de tres meses, el Gobierno presente un proyecto para reformar la legislación hipotecaria, mientras que se añade un bloque de medidas para los desahucios en marcha.

Por su parte, el Grupo Socialista se abstuvo en la votación, al entender que hay muchas cuestiones que plantear, como es el caso de una ley de solvencia personal que está instaurada en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Por ello, propusieron facilitar el alquiler de viviendas baratas o acabar con numerosas cláusulas abusivas. "Tenemos que mejorar y prevenir la enfermedad y la mejor vacuna es un proyecto de ley de insolvencia personal, que regule cómo evitar que la gente caiga en la insolvencia, que se compartan los riesgos", indicaron desde las filas socialistas.

De este modo, el Partido Popular frena así la exigencia de que las entidades financieras tengan que aceptar la vivienda como pago de la deuda. El Gobierno ya avanzado que este viernes el Consejo de Ministros aprobará el código de conducta por el cual se exigirá a los bancos aceptar la dación en pago para familias con todos sus miembros en paro, que hayan agotado las prestaciones y se encuentren en situación de pobreza.

REFORMA LABORAL

Por otra parte, el Congreso de los Diputados rechazó una moción planteada por el Grupo Socialista que pretendía dejar sin efecto la reforma laboral del Ejecutivo.

Así, se encontró con la mayoría del PSOE que tumbó la citada iniciativa.

Desde el PSOE, Concha Gutiérrez, portavoz socialista de Empleo, advirtió al Gobierno que "aún está a tiempo". "No es que sea extremadamente agresiva, sino que es una auténtica agresión para el conjunto de los trabajadores, tengan empleo o estén en paro", aseveró.

En este sentido, Gutiérrez manifestó que la nueva reforma destruye empleo y ahoga toda esperanza para millones de ciudadanos. "No podemos limitarnos a ver, atónitos, cómo el propio Gobierno prevé más de 600.000 nuevos parados en el presente año".

Por su parte, el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, puso el tono agridulce, ya que, cuando el presidente del Congreso le recriminaba que excedía su tiempo, contesto que "total, no hay nadie escuchando". "Los diputados que no escuchen durante tres trimestres consecutivos deberían tener causa objetiva de despido", ironizó en referencia a la poca afluencia de diputados en la defensa de esta moción.

En respuesta al PSOE, desde el Partido Popular denunciaron que el anterior Gobierno "ha hipotecado nuestra nación" y "no pueden pedir que volvamos hacia atrás porque tenemos la responsabilidad de dar una solución. Nuestro principal objetivo son los parados", puntualizaban desde la bancada popular.