En declaraciones a la prensa en el Congreso de los Diputados antes de intervenir en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, Babín afirmó que "se han iniciado los procedimientos necesarios por parte de la Delegación del Gobierno en Cataluña y de la propia Generalitat" y "en breve habrá una acción en ese sentido".

Esto será así "a no ser que el propio ayuntamiento retire el acuerdo, posibilidad que tampoco desdeñamos", subrayó el delegado para el Plan Nacional sobre Drogas.

Babín insistió en que "la actuación de las administraciones públicas debe sustentarse en la legalidad", y mantuvo que una impugnación ahora es "lo mejor que nos puede pasar", desde la perspectiva de que es preferible esto a que "la fiscalía tenga que intervenir porque ya se haya materializado la plantación, con todo lo que ello supone".

A día de hoy no se puede concretar con exactitud el momento en que la Abogacía del Estado impugnará la decisión, añadió, pues "en estos momentos se está recabando la documentación necesaria por parte del ayuntamiento".

Preguntado por si teme un posible "efecto contagio" a otros pueblos, Babín recalcó el respeto a "la libertad de expresión", pero resaltó que "se está magnificando un posible efecto beneficioso y lo que nuestro ordenamiento jurídico prevé sobre el consumo privado para generar una expectativa que no cumple ninguna premisa".