El objetivo sería "adecuarlos al carácter aconfesional del Estado español, y fijar un nuevo marco de cooperación basado en la subordinación del mismo a los principios y derechos constitucionales".

Además, los independentistas gallegos reclaman emprender las acciones necesarias para reformar los convenios administrativos" y adecuarlos al ordenamiento jurídico vigente, "de manera que la actuación de la Iglesia también esté presidida por el respeto a las leyes y reglamentos".

Al mismo tiempo, insta al Ejecutivo a extender las relaciones de cooperación entre el Estado a las demás confesiones religiosas, de acuerdo a "los principios de igualdad de trato y no discriminación".

El BNG destaca la "aconfesionalidad" del Estado procalamada en la Constitución española, que es compatible con la libertad religiosa y no excluye la colaboración del Estado con las distintas iglesias.

Los acuerdos con la Santa Sede, explica la iniciativa, "fueron gestados en paralelo al periodo constituyente" y por eso se consideran una especie de "instrumentos de excepción" que rigen en exclusiva y por sí solos las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, al margen del principio general de sometimiento de todos los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

Por eso, la Iglesia Católica "ha gozado de privilegios y ámbitos de decisión autónomos ajenos al control del Estado, incluso cuando tiene encomendadas tareas enmarcadas en servicios públicos, como es el caso de la educación religiosa".

En ese sentido, el BNG denuncia la "discrecionalidad e impunidad jurídica en la que realiza la Iglesia Católica las funciones pactadas con el Estado en materia de enseñanza religiosa", que muchas veces "vulnera el régimen de derechos y libertades de los ciudadanos que colaboran en esas funciones", como ha quedado patente con despidos decididos por criterios "ideológicos y morales".

Además, señala la proposición, cada vez se cuestiona más la necesidad de integrar la enseñanza religiosa en el sistema educativo reglado, y se generaliza la opinión de mantener en el ámbito interno de la Iglesia la formación en la doctrina católica, tal y como correspondería a un Estado verdaderamente aconfesional.

De igual modo propugna una revisión del actual escenario de cooperación económica "al haberse detectado por parte de algunas Órdenes y Congregaciones Religiosas el desvío de fondos a tramas de especulación financiera".