Así lo dijo en una rueda de prensa celebrada en la sede de IU en Madrid. Cayo Lara manifestó que el Gobierno ha previsto para 2012 un déficit del 5,8%, que supone una cantidad similar al fraude de las empresas en España: 60.000 millones de euros.

“Si el Gobierno luchara a fondo contra el fraude y le declarase la guerra, podría no tener que hacer ninguna política de recortes para controlar el déficit”, dijo Cayo Lara, quien recordó que el 75% del fraude lo producen el 3% de las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros.

Para el coordinador federal de IU, las cosas también serían distintas si el Banco Central Europeo comprara deuda soberana al 1%. “No habría tanta especulación”, apostilló.

Por otra parte, criticó que se utilice a las Comunidades Autónomas como “chivo expiatorio” del déficit en España para que sean ellas las que “carguen” con el peso de los recortes y el “ajuste duro” que quiere llevar adelante el Gobierno.

Recordó que la mayor parte del presupuesto de las Comunidades Autónomas se destina a educación, a sanidad y a servicios sociales. “Por tanto, cualquier recorte que se incremente en las Comunidades Autónomas” repercutirá directamente en esos servicios públicos, mermándolos y abriendo la antesala de la privatización de los mismos.

“Tal vez lo que pretenden algunos es utilizar como coartada la crisis y el déficit y los recortes para seguir potenciando la privatización de la educación y de la sanidad públicas”, dijo.

DESPROPORCIONADO

A su juicio, la distribución de los objetivos del déficit es “absolutamente desproporcionada” porque “el Estado gasta un 22%, sin incluir la Seguridad Social, y tiene un objetivo del déficit del 5,10%”, según datos del Consejo de Ministros del pasado 2 de marzo.

“Y, sin embargo, las Comunidades Autónomas, que destinan un 36,2% a gasto social, tienen un objetivo de déficit menor que el del Estado”, que gasta más que ellas, añadió el coordinador federal de IU.

Precisamente Cayo Lara preguntará al presidente del Gobierno, en la sesión plenaria del miércoles, por las previsiones que tiene el Ejecutivo “de ajuste de gasto en los próximos presupuestos generales del Estado”.