Según informó este viernes la Policía, en esta operación han sido arrestadas cuatro personas y se ha actuado de forma conjunta con la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos.

También se han intervenido más de 400 aires acondicionados, 850 paneles de luces halógenos, 130 paneles de luces LED y más de 3.200 balastros sin foco. También se intervino otro material necesario para instalar plantaciones de marihuana interior.

Dos de los detenidos son directivos de una empresa dedicados a la recuperación de metales en Tarragona y Viladecans y los otros dos son empleados, uno de los cuales es un cabo de los Mossos d'Esquadra en excedencia que actualmente realizaba las funciones de apoderado.

El propietario de la empresa también está acusado de un delito contra la salud pública, ya que los investigadores descubrieron que un servicio policial le había dejado en depósito un gran cargamento de marihuana para que lo destruyera y les hiciera llegar el acta de destrucción. En vez de hacerlo, intentó procesar la marihuana para venderla en el mercado ilegal con el que habría obtenido un beneficio de unos 200.000 euros, pero no lo logró porque la droga se estropeó.

PARA NUEVAS PLANTACIONES

La investigación se inició al saberse que una empresa tarraconense se estaría dedicando a la venta del material intervenido judicialmente que se recogía cuando la policía desarticulaba plantaciones de marihuana interiores en todo el territorio.

La empresa en cuestión era requerida habitualmente por las unidades de investigación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para apoyar las intervenciones judiciales contra las plantaciones de marihuana interiores. De esta forma, se encargaba de desmontar las plantaciones, recogía todos los sistemas de aires acondicionados, luces térmicas y paneles LED y lo trasladaba a sus naves en calidad de depósito judicial hasta que el juez autorizara su destrucción.

Los Mossos comprobaron que el material recogido por esta empresa se vendía y distribuía a terceras personas y, en muchos casos, volvía a formar parte de nuevas plantaciones de marihuana de todo el territorio. Además, si constaba el orden de destrucción del material, se falsificaba el acta.

La empresa obtenía un gran beneficio económico del material intervenido, normalmente aparatos de alto valor económico, que vendían a un precio más bajo que el de mercado. En ocasiones los clientes eran directamente cultivadores de plantaciones de marihuana. En este sentido, los investigadores de la DAI comprobaron que la empresa recogía, transportaba y almacenaba siempre los aparatos con mucho cuidado para evitar daños que impidieran su posterior distribución.

Por otro lado, la empresa contaba con una nave específica separada del resto en la que el responsable almacenaba este material. Esta nave no estaba logotipada con el nombre de la empresa y es donde se realizaban las ventas de forma privada.