Ferrer señaló que cuando en las reuniones técnicas mantenidas con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social los sindicatos han planteado alternativas a las medidas aprobadas por el Ejecutivo, la respuesta del Gobierno ha sido que “no va a cambiar nada”.

“Ha habido tres reuniones técnicas y en las tres el Gobierno trató de justificar sus medidas y cuando le planteamos una alternativa, al final nos dijo que no puede hacer ningún cambio sustancial en la reforma”, apuntó Ferrer.

A pesar de esta negativa de Empleo, los sindicatos mantienen su oferta de diálogo con el Ejecutivo, tal y como recoge la carta enviada el viernes por los secretarios generales de UGT y CCOO al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así, las organizaciones sindicales amenazan al Ejecutivo con convocar una huelga general si no abre un proceso de negociación. En este sentido, Ferrer subrayó que ese proceso de diálogo debe de ser honesto, por lo que el Gobierno no debe “tratar de enredarnos”, y “tampoco nos puede decir que no se va a cambiar nada”.

“Si no, vamos a profundizar en las movilizaciones”, afirmó el número dos de UGT, quien recordó que el próximo 9 de marzo, un día después de la convalidación de la reforma en el Congreso, se reunirán los órganos directivos de las dos centrales sindicales para decidir si convocan la huelga.

POSIBILIDADES DE RECTIFICACIÓN

Para Ferrer, la reforma tiene “posibilidades de rectificación”, como por ejemplo en el contrato de emprendedores o haciendo que las medidas tengan “un carácter temporal, no estructural”.

El secretario de Acción Sindical de UGT criticó que lo que ofrece el contrato para emprendedores son nuevas bonificaciones a la contratación que el propio PP en el Congreso dijo que eran “un peso muerto” para la creación de empleo. En su opinión, estos incentivos, ligados al cobro del paro de las personas contratadas, “son una rebaja fiscal por la vía de la prestación por desempleo”.

Por otro lado, instó al Gobierno a que modifique la reforma para respetar el acuerdo sobre negociación colectiva firmado por los interlocutores sociales que, “con la legislación que estaba vigente, ya permitía que las empresas en dificultades pudieran adaptarse para evitar los despidos”.

Además, dicho acuerdo entre sindicatos y empresarios recogía que sería el convenio sectorial el que fije la estructura de la negociación colectiva en el sector, mientras que la reforma aprobada por el Ejecutivo establece que tendrá prioridad el convenio de empresa.

Asimismo, Ferrer insistió en que la reforma tiene aspectos inconstitucionales “tanto en el fondo como en la forma”. En la forma, porque los sindicatos consideran que no está justificada la urgencia para la tramitación como real decreto; mientras que en el contenido aseguran que muchas de las medidas son contrarias a la Carta Magna.

Entre las medidas que cree que son inconstitucionales, Ferrer apuntó los cambios en materia de negociación colectiva, la limitación de la ultraactividad de los convenios o la imposición del arbitraje en caso de falta de acuerdo entre empresas y trabajadores.

También advirtió de que podrían ser inconstitucionales las modificaciones para facilitar que las entidades y administraciones públicas puedan hacer expedientes de regulación de empleo (ERE) .