En un comunicado, la organización se felicita de que las propias directrices generales del plan contemplen que la lucha contra el fraude debe ser una prioridad absoluta en una situación presupuestaria crítica.

"Las directrices son un primer paso en la dirección correcta", insiste la organización.

En este sentido, los inspectores advierten de que el plan no será suficiente si no se toman medidas adicionales que ataquen la raíz del problema: "reformas legales y sobre todo destinar más medios humanos y materiales para cumplir el ambicioso objetivo de reducir la lacra del fraude fiscal en una situación económica que lo exige desesperadamente".

Según esta organización, las directrices del plan realizan un diagnóstico "correcto" de las patologías más graves existentes en España en cuestiones de fraude fiscal.

Así, cita la proliferación de facturas falsas, en muchos casos ligadas a los regímenes de estimación objetiva (módulos). Ante esta situación, es correcto concentrar recursos en la persecución de esta lacra, sin embargo, "no es suficiente y es preciso modificar el sistema de tributación de módulos, que es un nido de facturas falsas".

Algo similar ocurre con el Impuesto de Sociedades. De este modo, las directrices incluidas en el Plan Tributario evalúan "correctamente" diversos problemas de la tributación de las sociedades y de los individuos más adinerados, como la utilización de paraísos fiscales o la concentración abusiva de gastos financieros en empresas españolas. "Sin embargo, como en el caso anterior, la actuación de la Agencia Tributaria nunca será suficiente para cubrir completamente estos agujeros legales", puntualizan.

"Los Inspectores de Hacienda del Estado confiamos y esperamos que el correcto diagnóstico de estos problemas se traduzca en la imprescindible y urgente modificación de la normativa del Impuesto de Sociedades. Este impuesto es responsable de casi el 75% de la caída de la recaudación fiscal: más de 28.000 millones de euros", señalan.