El Gobierno vasco presentó el pasado 20 de febrero el borrador del decreto que pretende la declaración de la condición de víctima, y la reparación integral como tal, de quienes padecieron sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1968 y 1978, en el contexto de la violencia de motivación política vivida durante ese periodo.

En rueda de prensa en la Delegación del Gobierno en Madrid, Mendia defendió que este decreto contribuye a legitimar el Estado de derecho y negó que suponga una ofensa para la Policía o la Guardia Civil por el hecho de que en muchos casos las víctimas lo fueran por acciones de funcionarios públicos.

“En Euskadi sabemos que si hoy estamos como estamos es por la magnífica labor realizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Ertzaintza no estaríamos en el punto en el que estamos de final del ciclo terrorista”, apuntó.

En el Gobierno vasco, explicó que “siempre hemos creído que comportamientos aislados de determinados funcionarios públicos tienen que ser perseguidos y sancionados”, y aclaró que “esto no va a ser un comisión judicial, tiene un carácter político de reconocimiento y de tratar de resarcirles el daño recibido”.

Mendia subrayó que en algunos casos las víctimas “eran personas que pasaban por ahí”, que resultaron muertos en controles policiales de carretera o como el caso de una mujer que se asomó a una ventana al paso de una manifestación de protesta “y un tiro perdido la mató”. “Las víctimas objeto de este decreto”, reiteró, “son personas que en su gran mayoría tuvieron la mala suerte de pasar por ahí”.

Y advirtió sobre el intento de la izquierda abertzale de reivindicar para sí el grueso de las víctimas de aquellos años. “A la izquierda abertzale le gusta reivindicar a estas personas, pero no son suyas”, avisó Mendia, que aclaró que la mayoría no lo fueron por persecución política.

SUFRIMIENTOS INJUSTOS

El alcance del decreto obedece a la voluntad de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco de aplicar la solidaridad social y contribuir a la convivencia y legitimación del Estado de derecho.

Concretamente, las disposiciones contenidas en el decreto se aplicarán a los hechos o actos causantes de los daños sufridos por las víctimas de violencia de motivación política cometidos entre el 1 de enero de 1968 y el 31 de diciembre de 1978.

En dicho contexto, se entienden por sufrimientos injustos la muerte, la gran invalidez, la incapacidad permanente total, la incapacidad permanente parcial y las lesiones permanentes no invalidantes, siendo estas circunstancias consecuencia de acciones indebidas, directas o indirectas, dolosas o culposas, por parte de agentes de las Fuerzas de Seguridad, otros funcionarios públicos, tanto fuera como dentro del ejercicio de sus funciones, así como por colaboradores externos, que no formaban parte de la Administración Pública, en sus diversos estamentos.

El texto señala que en ningún caso se considerarán sufrimientos injustos aquellos sufridos en el desarrollo de cualquier actividad violenta de motivación política por quienes la realizaran o pretendieran realizarla, aunque el fallecimiento o las lesiones se produjeran por los actos legítimos de la autoridad para evitar y repeler directamente esa acción violenta.

Ningún terrorista fallecido cuando intentaba poner una bomba o muerto en un enfrentamiento con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrá beneficiarse de la reparación y reconocimiento que se recogen en este decreto.

Sí son susceptibles de ser reparados, no obstante, ciertos sufrimientos injustos debidamente acreditados, aunque en su momento no fueran considerados como tales, al haber sido exculpados en procedimiento judicial, por sobreseimiento o sentencia absolutoria, o aunque las conductas de las víctimas fueran objeto de enjuiciamiento, si éste vulnerara el derecho a la vida reconocido en la Constitución.

El borrador contempla además la implicación de los poderes públicos vascos e indemnizaciones de hasta 390.000 euros, para los casos de gran invalidez. Será una comisión de valoración creada por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, y presidida por su directora, la que declarará la condición de víctima de violaciones de derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política definida en el decreto y la que atribuirá a dichas víctimas los derechos que, en consecuencia, le correspondan.

El borrador del decreto, que consta de 23 artículos, se ha publicado en Irekia, la web del Gobierno vasco, con el fin de abrir su contenido a la consulta y a la participación ciudadana. Una vez revisado, y cuando estén redactados también todos los informes preceptivos, el borrador definitivo será remitido a consejo de Gobierno para su aprobación inmediata.