Los nacionalistas vascos presentan esta iniciativa porque tras la aprobación de las dos últimas reformas laborales, estas subvenciones que afectan a trabajadores “particularmente vulnerables” han dejado de existir.

Los afectados por la contratación en Centros Especiales de Empleo son personas con enfermedades mentales, discapacidades psíquicas, autistas con espectro superior al 33% y discapacidades físicas y sensoriales superiores al 65%.

España ocupa uno de los últimos puestos de la OCDE en atención al empleo protegido a través de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. Sólo un 0,6 discapacitados de cada 1.000 tiene un empleo protegido. En Polonia ese porcentaje alcanza el 10%; y en Suiza, el 5,6%.

Por eso, el PNV considera imprescindible recuperar la subvención del 75% del SMI en cada contrato y flexibilizar la edad de jubilación anticipada en el caso de personas con discapacidad, de manera que España se pueda acercar a las tasas medias de ocupación de discapacitados de los países de la OCDE.