Autónomos
UPTA calcula que las comunidades autónomas tendrán que reintegrar al Estado más de 2.500 millones en ayudas directas
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La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) calcula que las comunidades autónomas tendrán que devolver al Estado más de 2.500 millones de euros de ayudas directas que no han podido adjudicar.
En un comunicado, UPTA destacó que Andalucía se sitúa a la cola del reparto de los fondos, con menos del 40% ejecutados de los 1.109 millones de euros recibidos, con lo que tendrá que devolver más de 600 millones de euros.
Agregó que Galicia tendrá que reintegrar unos 140 millones, Asturias 80, Cantabria 30 millones, Castilla y León alrededor de 180 millones, la Comunidad Valenciana cerca de 300, el País Vasco 150 millones y la Región de Murcia más de 100 millones. Destacó que la excepción son las Islas Baleares y Canarias, que han alcanzado el reparto del 100% de los 2.000 millones establecidos.
La organización calificó de “ranking de la vergüenza” las cifras y explicó que el ritmo “desigual” que se ha producido en la tramitación de los 7.000 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos por parte de las comunidades ha supuesto que los porcentajes de reparto sean “totalmente dispares”.
UPTA criticó que la planificación “ha sido un auténtico despropósito, desde su concepción por parte del Ministerio de Asuntos Económicos, hasta las adaptaciones que se han desarrollado en el seno de los gobiernos autonómicos” y lamentó que las administraciones no hayan sido capaces de consensuar con los representantes del trabajo autónomo las ordenes que fueron publicadas para concurrir.
Desde UPTA trasladaron su malestar por esta situación y lo consideraron un “fracaso”. En palabras de su presidente, Eduardo Abad, “es más sencillo de lo que parece, únicamente debe existir predisposición a dialogar para alcanzar acuerdos con los que de verdad conocen la realidad del autónomo, la situación actual y por la que han pasado millones de pequeños negocios”.
La organización puso de ejemplo las ayudas por cese de actividad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
(SERVIMEDIA)
29 Nov 2021
MMR/mjg