La firma de este protocolo supone un avance en la promoción de los derechos de la infancia, ya que no sólo se trata de reafirmar la condición de los niños y las niñas como sujetos de derecho, sino que reconoce su competencia para defender, según sus aptitudes, ellos mismos sus derechos directamente ante una instancia internacional.

Hasta el momento, la Convención de Derechos del Niño era el único Tratado Internacional en materia de derechos humanos que contaba con un procedimiento obligatorio de presentación de informes, pero no con uno de comunicaciones.

Este nuevo protocolo introduce, por primera vez, mecanismos de protección de derechos contemplados en otros instrumentos internacionales en los que España ya es parte, ofreciendo la posibilidad de presentar ante el Comité de Derechos del Niño comunicaciones o quejas individuales referidas a países que hayan firmado el protocolo, siempre y cuando el Estado denunciado haya reconocido la competencia del comité para examinar estas demandas.

El protocolo contempla la regulación del Comité de Derechos del Niño, así como un procedimiento de comunicaciones y un procedimiento de investigación para casos de violaciones graves o sistemáticas de los derechos del niño.

Se trata de un instrumento procedimental que no implica para los Estados parte la asunción de nuevas obligaciones sustantivas, así como tampoco obligaciones financieras para la Hacienda pública, dado que la labor del Comité se financia con fondos de Naciones Unidas y no de los Estados firmantes del Protocolo.

La firma por España de este protocolo coincide con la negociación de las nuevas directrices de la Unión Europea sobre los derechos de la infancia, en las que está participando muy activamente la sociedad civil, y es una muestra más del compromiso español en esta materia, que viene a complementar los mecanismos nacionales y regionales existentes hasta ahora.