Según informa el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ejecutivo pretende atender así las inquietudes del conjunto de las comunidades autónomas que, en sucesivas reuniones con el departamento que dirige Miguel Arias Cañete, han advertido de los problemas e indefiniciones jurídicas que el actual decreto ha mostrado en su aplicación desde su entrada en vigor el pasado 13 de diciembre.

La norma, además de contener importantes indefiniciones jurídicas que dificultan su puesta en práctica, incorpora un listado de especies potencialmente invasoras a las que aplica un régimen altamente restrictivo, que afectaría a animales como la carpa o la trucha arco iris, integradas desde hace más de un siglo en el ecosistema español.

En el ámbito vegetal, el listado incluye un importante número de especies comúnmente utilizadas en jardinería y ampliamente extendidas en ciudades y urbanizaciones, como el césped común, los almendros o los madroños en las Islas Canarias, o ciertos tipos de acacias, geranios y rosales en todo el territorio nacional.

Todo esto ha provocado la imposibilidad material de aplicar la controvertida norma sin provocar situaciones tan anómalas como tener que declarar a las autoridades la tenencia de un carpín rojo a título de mascota.

Esta situación de conflictividad ha provocado que el decreto se encuentre ya recurrido en el Tribunal Supremo, entre otros, por la Federación Española de Pesca. A su vez, Castilla y León, Aragón y Cataluña han remitido al Ministerio requerimientos previos a la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo, solicitando el reconocimiento de la actual nulidad de la norma, que ha sido estimada parcialmente por el Consejo de Ministros.

Tras la medida adoptada hoy, el Gobierno establecerá de forma consensuada con las administraciones autonómicas competentes un nuevo marco regulador que refuerce el control y la erradicación de las especies exóticas invasoras que supongan una amenaza grave para el medio natural, en sintonía con el respeto a las actividades económicas y tradicionales, como la caza y la pesca recreativa.