Así lo explicó la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que según detalló, el Gobierno aprobó la base legal de ese futuro mecanismo.

En concreto, los ayuntamientos deben informar sobre las facturas pendientes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 15 de marzo y de los planes de ajuste antes del 31 de ese mismo mes.

Explicó que ese plan de ajuste debe permitir hacer frente en el futuro al pago de esas deudas y el reintegro de esas cantidades junto a medidas que garanticen la viabilidad económica y financiera de los ayuntamientos.

Sáenz de Santamaría justificó esta demanda previa a los consistorios antes de decidir sobre el mecanismo para hacer frente al pago para poder resolver este tema “de una vez por todas”.

Sobre el mecanismo, de cuyo diseño se encargará la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, adelantó que prevé puntualmente una modificación temporal de la normativa que permita el establecimiento de garantías por parte del Estado para hacer frente a esos pagos.

En cuanto a las deudas de las comunidades autónomas mediante una línea de financiación del ICO, explicó que el Gobierno abordará este asunto en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

“Hay que clarificar la situación de las deudas de las administraciones públicas en este país”, añadió la vicepresidenta, quien lamentó la “delicada situación” de muchas empresas.