Estas negociaciones incluyen a gobiernos, sector privado, campesinos, grupos indígenas, autoridades locales, académicos y expertos independientes, y tardarán más de un año en fraguarse, según informó la FAO.

El jefe de la Unidad de Gestión y Tenencia de la Tierra de la FAO, Paul Munro-Faure, ha afirmado que "un acceso seguro a la tierra está considerado como una condición clave para mejorar la seguridad alimentaria de parte de la pobación más pobre del mundo".

La mayoría de los países miembros de la FAO tienen leyes que protegen a los campesinos y a los moradores de los bosques, así como a los inversores extranjeros y locales, de ser expulsados de sus tierras o que les sean expropiadas de forma arbitraria.

Sin embargo, a menudo estas leyes se ignoran o apenas se cumplen. "La competencia por la tierra y otros recursos naturales se está incrementando debido al crecimiento demográfico y económico, la inversión directa extranjera en la producción de alimentos a gran escala, la demanda de biocombustibles y el crecimiento urbano e industrial", ha advertido el director general Adjunto de la FAO para el Departamento de Recursos Naturales, Alexander Müller.

Müller asegura que la falta de una regulación sobre la tenencia de la tierra "amenaza con fomentar la exclusión social, ya que los ricos y poderosos son capaces de adquirir tierras y otros recursos naturales en detrimento de los pobres y vulnerables".

La FAO señala a las mujeres, las personas con discapacidad, los analfabetos y los ancianos como colectivos particularmente vulnerables a la expropiación arbitraria de la tierra que trabajan, ya que a menudo carecen de derechos legales y sociales o, aun existiendo éstos, por no tener la fuerza suficiente para conseguir que se apliquen.