El texto aprobado es una enmienda pactada por el PSOE y Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (ERC-IU-ICV), a partir de una moción consecuencia de interpelación urgente que había presentado este último grupo parlamentario.

La persona encargada de defender la moción de ERC-IU-ICV fue el portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, quien se mostró “aturdido” por las detenciones que por corrupción se efectuaron hoy en varias localidades de Barcelona. Añadió que “da igual” de dónde sea el “presunto ladrón de guante blanco” y dijo que la corrupción es una “amenaza muy seria” para el Estado y un “cheque blanco” para la “relajación ética”. A su juicio, la política española se está “deslizando de forma muy peligrosa” por la “senda de la berlusconización”.

Por su parte, el diputado del PSOE Julio Villarrubia señaló que los miembros de la Cámara Baja tienen la “obligación ética, moral y política de acabar con cualquier tipo de corrupción” y evitar ponerse “jamás, delante, detrás o al lado de donde se encuentran”, en referencia a las declaraciones que hizo en la campaña de las elecciones europeas el líder del PP, Mariano Rajoy, para defender la honestidad del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.

Asimismo, añadió que es necesario acabar con esa “minoría de indeseables” que son una “grave amenaza” para la convivencia política e invitó al PP a la “lucha sin cuartel” contra la corrupción. “Dejen de arremeter contra la policía, contra los jueces, miren en sus filas y limpien lo mucho que tienen que limpiar. Los enemigos de la sociedad son los corruptos. A esta noble tarea estamos todos emplazados”, dijo.

Por su parte, el diputado del PP Juan Manuel Moreno, señaló que las medidas que hoy se han votado ya fueron propuestas en su día por el Grupo Popular y rechazadas por la “arrogancia” del PSOE, cuyo Gobierno no hizo “los deberes” e impidió un “gran acuerdo entre los dos partidos mayoritarios” para combatir la corrupción. Asimismo, aseguró que el PP “siempre estará combatiendo la corrupción”.

Jodi Xuclà, de CiU, manifestó que “bienvenidas sean estas medidas” contra la corrupción. Por su parte, Emilio Olabarría, del PNV, reclamó el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo.

LAS MEDIDAS DE LA UNANIMIDAD

El texto aprobado hoy aboga por la necesidad de hacer un llamamiento al conjunto de los partidos políticos con representación institucional para que den “cumplimiento escrupuloso” a todos aquellos pactos que tengan suscritos con este objetivo, y a elaborar aquellos otros instrumentos que persigan una “actuación ética y de buen gobierno” por parte de los representantes institucionales y políticos.

La enmienda aprobada insta al Gobierno a “proponer medidas de cualquier orden que considere necesarias para permitir el cumplimiento de las recomendaciones del informe Greco sobre Transparencia en la Financiación de Partidos”.

Asimismo, insta al Ejecutivo a “proponer los criterios para abordar la modificación de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos”, con el fin de evitar, entre otras cosas, que los partidos políticos y las fundaciones y asociaciones a ellos vinculadas, “puedan aceptar o recibir, directa o indirectamente, donaciones de empresas privadas, de sus subcontratas o de sus fundaciones que, mediante contrato vigente, presten servicios o realicen obras para las Administraciones Públicas, organismos públicos o empresas de capital mayoritariamente público”.

Otra de las medidas debe establecer un “formato común para las cuentas de los partidos y sus retornos” y “mejorar el sistema de auditoría interna de los partidos políticos para garantizar la independencia de este tipo de control”.

La iniciativa aprobada hoy propone también “impulsar las medidas necesarias para que, de acuerdo con las fuerzas políticas representativas, se impulse un Pacto de Estado para la contención y disminución del gasto electoral”.

Asimismo, al amparo del informe Greco, aboga por incrementar las penas por delitos de corrupción pública y privada, así como por aumentar los recursos financieros y humanos del Tribunal de Cuentas, de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía Anticorrupción, “más allá de lo previsto” para estos organismos en los Presupuestos Generales del Estado para el 2010.

Por último, el texto aprobado hoy insta al Gobierno a “observar las previsiones de la ley de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del estado, especialmente en lo relativo a la publicidad de los bienes y derechos patrimoniales”.