De hecho, en las once cajas que se llevaron los agentes de la Policía Judicial –cuatro de ellos de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta, con sede en A Coruña- de la Casa Consistorial de Castro de Rei, figura documentación relativa al Plan E y, según pudo saber AGN, la instructora del caso se interesó esta mañana, cuando le tomó declaración a la única concejala que ya pasó a disposición judicial, Ana Canto, por las obras adjudicadas con cargo al Plan de Obras y Servicios (P.O.S), financiado por la Diputación Provincial.

Por otra parte, esos mismos informadores afirmaron que la operación judicial fue propiciada por las escuchas telefónicas que realizó la Policía Judicial en relación con otra investigación.

Según otras fuentes consultadas por AGN, la concejala Ana Canto quedó en libertad sin fianza esta mañana, aunque imputada por un presunto delito de “tráfico de influencias” y con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida para declarar, aunque dicha información no fue confirmada por fuentes oficiales.

Por su parte, los otros tres detenidos, entre ellos el alcalde, que están imputados por “tráfico de influencias y prevaricación”, permanecen retenidos en los calabozos de la Comisaría Provincial de Lugo, a la espera de que mañana pasen a disposición judicial.