En un comunicado, la entidad indicó que las reformas únicamente tendrán algún efecto social si se crean normas que se impongan a todas las partes que han suscrito la hipoteca y no dependan de la voluntad particular de uno de los entes. Asimismo, señaló que es cuestionable que los bancos tengan libertad de decidir si acepta una dación en pago u otorgan un aplazamiento de la deuda.

Esta asociación de jueces destacó cómo "las entidades bancarias, inmediatamente después de adjudicarse judicialmente la vivienda por el porcentaje legal del 60 por ciento del valor de tasación, valoran el inmueble en su activo por el 100 por ciento de lo tasado, a pesar de lo cual siguen instando judicialmente la reclamación del supuesto resto de la deuda”.

Por este motivo, JpD propone afrontar una subida sustancial del porcentaje por el que la entidad ejecutante pueda adjudicarse la vivienda hasta el 80 por ciento, de manera que se equipare al porcentaje previsto en la normativa del mercado hipotecario para la concesión de préstamos hipotecarios.