En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno, Botella aseveró al respecto que “nunca hay un derribo de cualquier tipo de vivienda, sea como sea, si no hay una orden judicial previa”. Por ello, agregó, “no he entendido muy bien lo que ha dicho la Comunidad”, pues “siempre que ha habido un derribo ha habido una orden judicial previa”, reiteró.

En cualquier caso, agregó, la situación seguirá igual “a no ser que se produjera una suspensión (de un derribo) también por vía legal”.

Botella manifestó la disposición del Consistorio a colaborar con la Comunidad de Madrid para solucionar el problema de la Cañada Real y quedó a la espera de que el Gobierno regional convoque la Comisión que reúne a los municipios con suelo en esta zona de Madrid.

De hecho, la alcaldesa de la capital adelantó que el censo elaborado por el Consistorio registra un total de 5.004 personas en término municipal madrileño, un tercio de las cuales son de nacionalidad no española.

Aprovechó para pedir que, aunque no está propiamente en la Cañada Real, “me gustaría que se tomarán actuaciones en El Gallinero, que es una de las zonas mas deterioradas de Madrid”.