El sindicato defiende que va a "seguir apostando por la negociación", pero añade que el hecho de que "este país vaya a una mayor conflictividad lo va a designar el presidente del Gobierno, no los sindicatos". No obstante, desde la organización sindical evitan hablar de una huelga general.

CCOO considera también que la reforma "rompe el pacto constitucional y el pacto democrático" y ven "graves problemas de inconstitucionalidad" en la norma aprobada por el Ejecutivo.

Por esta razón, la organización anunció que utilizará todos los cauces posibles para denunciar la inconstitucionalidad del texto, tanto mediante recursos de amparo, como por recursos directos a través de los grupos parlamentarios o cuestiones de inconstitucionalidad.

Los servicios jurídicos de CCOO sostienen que la reforma es un ataque "brutal" a los derechos personales de los trabajadores, tanto en la forma como en el contenido.

REAL DECRETO

Sobre la forma, CCOO denuncia que se haya aprobado como real decreto ya que no va a tener efectos inmediatos. De hecho, sostiene que cambios estructurales en materia de empleo no se pueden regular mediante real decreto.

En cuanto al contenido, el sindicato considera que van en contra de la Constitución los aspectos referidos a la eliminación de los salarios de tramitación, la limitación de la ultraactividad de los convenios, la regulación de la negociación colectiva, la imposición del arbitraje obligatorio y todo lo relacionado con el despido.

También denuncia los cambios en las administraciones y entidades públicas en las que se podrá despedir al personal laboral fijo. De hecho, critica que, mientras que las empresas pueden optar por la suspensión del empleo o la reducción de la jornada, los organismos públicos sólo pueden optar por el despido.

Además, rechaza que las entidades públicas puedan despedir por una mera desviación del presupuesto, sobre todo teniendo en cuenta que son los propios gestores públicos los que establecen las cuentas. Así, una decisión administrativa podría ser suficiente para justificar los despidos.

En este tema también advierte el sindicato de que, tras la reforma, se establece una distinción entre el personal laboral fijo y los funcionarios de carrera, ya que los primeros pueden sufrir un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y los segundos no. Hasta ahora, la distinción entre estos dos tipos de empleados públicos era "meramente administrativa", pero ahora la diferencia es "decisiva".

El sindicato subrayó que utilizará el trámite parlamentario de la norma para presentar de forma conjunta enmiendas con las que pretende modificar todos los aspectos de la reforma.