Así lo manifestó en Sevilla, tras reunirse con colectivos sociales y afectados por lo que calificó como ‘Ley Mordaza’. Santiago aseguró que la Ley de Seguridad Ciudadana fue reformada en el año 2015 con la “evidente intención” de impedir el ejercicio de las reivindicaciones sociales, impedir o dificultar el ejercicio del derecho manifestación y de reunión, en un momento en el que había “importantes protestas contra las políticas de recortes sociales, laborales y de servicios públicos del Partido Popular”.

Hoy, subrayó, “estamos trabajando para corregir esa situación”, porque consideró “evidente” que en España “la inseguridad la crean los recortes de derechos, los recortes de servicios públicos o la desindustrialización y pérdida de puestos de trabajo”, políticas, dijo, como las que hace “el señor Moreno Bonilla aquí en Andalucía, o como hace la señora Ayuso en Madrid”.

El secretario de Estado para la Agenda 2030 recalcó que la función de la policía es servir y proteger, y se mostró “realmente sorprendido” de que los sindicatos policiales estén pidiendo el recorte de derechos fundamentales de los ciudadanos, la limitación del derecho de reunión o de manifestación, o que se suprima el derecho de presunción de inocencia.

CIUDADANOS COMO DELINCUENTES

También criticó que, en el debate de la reforma, se trate “a los ciudadanos como delincuentes”. Personas que han recibido una sanción administrativa no son delincuentes, ya que “sería igual a decir que una sanción por aparcar mal te convierte en delincuente”, recalcó.

Por otra parte, apuntó una manipulación de los partidos de la derecha y de la ultraderecha de las reivindicaciones policiales, yendo en contra de lo que ya ha resuelto el Tribunal Constitucional sobre que no puede haber una censura previa a la hora de difundir imágenes de reivindicaciones, de movilizaciones de manifestaciones “y tanto la derecha y la ultraderecha como los sindicatos policiales están en contra” de lo que ya el Constitucional ha dicho que es “un recorte de derechos constitucionales”.

“Lo que más nos preocupa es que esta manifestación va en contra de lo que le ha advertido a España el Consejo de Europa”, que a través de la Comisión de Venecia reclamo la reforma “para que se defina claramente cuál es el margen de intervención de las fuerzas policiales”, para que se limite el importe de las sanciones y “para que se garanticen derechos tan básicos como los derechos de los periodistas a la difusión de información de las movilizaciones sociales”.

El diputado de Unidas Podemos anunció que denunciarán ante la Comisión de Venecia la actitud del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos y de los sindicatos oponiéndose “a la ampliación y a la garantía de derechos constitucionales básicos”.

La reforma de la ley, insistió, es “mucho más ilimitada de lo que están pidiendo ahora mismo, por ejemplo, los organismos de Naciones Unidas”, que reclaman eliminar cualquier material antidisturbios que pueda causar daños irreparables y sustituirlos por otros métodos. “No hay en la reforma ninguna limitación del ejercicio de las competencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar los derechos de los ciudadanos”, por lo que tachó de “sumamente injustificado” que los sindicatos policiales entren” en este juego instado por los partidos de la derecha y la ultraderecha ”para desgastar al gobierno de España”.