Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presididos por Ángela Murillo, aseguran que Grande-Marlaska, instructor de la causa, ordenó intervenir durante cinco meses el teléfono de Itxaso Urtiaga, pareja sentimental del acusado, “sin que conste dato alguno acerca de la necesidad de la medida”, sin que la medida “tenga un mínimo soporte indiciario” y sin que se cumpla “los requisitos exigidos por la jurisprudencia”.

“No resulta admitido en derecho la prórroga de las conversaciones telefónicas durante 5 meses sin que conste que en la persona objeto de tal medida haya indicios de comisión de delito alguno”, señala la sentencia dictada hoy.

Se da la circunstancia de que Grande-Marlaska compite en la actualidad por presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional junto con los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Teresa Palacios, Alfonso Guevara, Juan Pablo González y Javier Martínez Lázaro. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá mañana, jueves, quien de estos candidato accede finalmente a la Presidencia de la Sala de lo Penal.

ABSOLUCIÓN POR FALTA DE PRUEBAS

El tribunal ha decidido, ante la falta de pruebas, absolver a Guesalaga. Los magistrados subrayan que las pruebas de cargo “no sólo han sido absolutamente insuficientes” sino que, además, “el procedimiento utilizado para obtenerlas no se ajusta a los parámetros de legalidad”.

La Fiscalía solicitaba un total de 10 años de prisión para Guesalaga, al que acusaba de un delito de pertenencia a banda armada por elaborar presuntamente los programas de encriptación de documentos orgánicos de la banda.

El Ministerio Público acusaba, además, a Guesalaga de haber viajado a Venezuela para instruir en el manejo de programas de encriptación de archivos al supuesto responsable de la banda en el país sudamericano, Arturo Cubillas.

El acusado aseguró en la vista oral, celebrada el pasado 17 de febrero, que es "muy torpe con el ordenador" y que sólo conoce "lo básico como el Word, el mail y ver películas".

Una de las principales pruebas de la Fiscalía era el hecho de que el nombre de Guesalaga aparece en la documentación incautada al que fuera “número uno” de ETA, Francisco Javier López Peña, alias “Thierry”, detenido en Burdeos (Francia) el 20 de mayo de 2008.

La sala solo ha podido acreditar que “quien aparece en el texto mencionado como ‘Iraitz’, se corresponde con el acusado”, pero la Fiscalía “no ha acreditado la condición de informático del acusado o, al menos, conocimientos de alto nivel en la citada materia”.

Tampoco se ha acreditado, a juicio del tribunal, que en su viaje a Venezuela en el verano de 2008 Guesalaga se reuniera con etarras “para instruirles en el manejo de las comunicaciones encriptadas” ni que se produjeran viajes anteriores a esa fecha.