En el orden del día figura la propuesta de modificación de varios artículos de los Estatutos Sociales para adecuarlos a los cambios legales y a las recomendaciones de gobierno corporativo, y para dotar a la compañía de mayor flexibilidad de actuación, según informó hoy la sociedad.

Otro de los puntos que se presentarán para su aprobación por la Junta General Extraordinaria es la propuesta de distribución de un dividendo con cargo a una reserva de primera aplicación del nuevo Plan General Contable por un importe de 45.248.000 euros.

Este importe corresponde a una reserva existente por un litigio de la compañía que ya se ha resuelto con sentencia firme y favorable para CLH, por lo que el Consejo de Administración ha decidido aprobar su distribución entre todos los accionistas.

ARTÍCULOS MODIFICADOS

Uno de los cambios propuestos en los Estatutos Sociales se refiere a la modificación del artículo tercero de los Estatutos que hace referencia al objeto social de la compañía. En la nueva redacción se incluye una referencia expresa a la realización de servicios logísticos de biocombustibles, así como la ampliación del objeto social para la realización, con carácter complementario, de otras actividades relacionadas con los sistemas energéticos en general, con el objeto de proporcionar una mayor flexibilidad de actuación de la compañía en caso de detectar nuevas oportunidades de negocio.

Entre otros cambios, también se propone la modificación del artículo 27 sobre la remuneración de los Administradores, en línea con las recomendaciones de buen gobierno corporativo y en consonancia con lo establecido por la mayoría de las sociedades cotizadas.

Para ello, se sustituye la previsión anterior de una cantidad fija, que se venía actualizando anualmente con arreglo al IPC por un porcentaje máximo del 2% del beneficio líquido anual del grupo consolidado, lo que no supone un aumento de la retribución a los consejeros de la sociedad.

También se modifica el artículo 36, referido a las facultades de administración con el objeto de facilitar la operativa interna, por lo que se propone aumentar el límite cuantitativo para la aprobación de inversiones o desinversiones, así como de contratos a largo plazo o de especial importancia que pasa de un 0,25% a un 0,50% de los ingresos de explotación de la compañía, según las cuentas anuales consolidadas en el ejercicio precedente.