Por esta razón, desde CCOO denuncian que la autoridad laboral, es decir, el Ministerio se está "extralimitando" en sus funciones y está aplicando la normativa actual, y no la que estaba vigente en el momento de la firma del convenio, que tuvo lugar en la segunda mitad del mes de enero.

En la resolución del departamento que dirige Fátima Báñez se recuerda a las organizaciones sindicales y a la patronal CNC que la nueva reforma establece la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial.

Sin embargo, el nuevo convenio de la construcción recoge que tendrá "carácter de norma exclusiva" y establece que no se podrán negociar en ámbitos inferiores cuestiones como la contratación, la clasificación profesional o los salarios.

Para Empleo, lo establecido en este acuerdo "no se ajusta" a la nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores, que fija que las regulaciones establecidas en un convenio de empresa tendrán prioridad aplicativa sobre las sectoriales.

El Ministerio da diez días hábiles de plazo a sindicatos y patronal para que rectifiquen el texto y lo envíen de nuevo. Sin embargo, las organizaciones sindicales ya han hecho público su rechazo a modificar el convenio, por lo que aseguran que Empleo deberá llevar el caso a la Audiencia Nacional, que será la que decida si el acuerdo sectorial es válido o no.

Desde CCOO abrieron incluso la posibilidad a que el Ministerio haya retrasado el registro del convenio, firmado el mes pasado, hasta la aprobación de la reforma laboral con el objetivo de no registrar el acuerdo.

El convenio de la construcción afecta a más de un millón de trabajadores, pero hay otros sectores que podrían verse en una situación similar.

Es el caso, por ejemplo, de los convenios de banca y de cajas de ahorros, acuerdos en los que también se establece la prevalencia del convenio sectorial, con la diferencia de que en estos casos la reforma laboral ya estaba en vigor.