El documento asegura que "la gestión de residuos se caracteriza por una gran profusión normativa y por el solapamiento descoordinado de disposiciones estatales, autonómicas y locales". Esto, en su opinión, "entraña una considerable confusión y complejidad que se traduce en trabas administrativas injustificadas para los agentes económicos".

Existen también, dice el informe, "notables diferencias entre las Comunidades autónomas en cuanto a los procedimientos administrativos y las figuras tributarias relacionados con la gestión de los residuos".

Además, sostiene que "los estándares medioambientales exigibles en este ámbito no son iguales en todo el territorio del Estado por las singularidades autonómicas, lo que, a su vez, implica distorsiones en el mercado interior porque impone costes mayores o menores a los agentes económicos dependiendo de la región en la que operan".

En su informe, el CES señala que las políticas de las Administraciones públicas deben "orientarse hacia un enfoque pre-consumo dirigido a minimizar la generación de residuos actuando en las fases de producción y comercialización. Para ello es necesario, además, fomentar la colaboración de instituciones, empresas y ciudadanos, determinantes de las pautas actuales de consumo de materias primas y generación de residuos".

Por esto, el documento se muestra a favor de “armonizar, sintetizar y simplificar” la normativa y señala que sería la Comisión de Coordinación en materia de residuos, en tanto que instancia de coordinación multilateral, la que debería jugar un papel destacado en ello.

El informe también propone que se refuercen las atribuciones de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, en el que están representados la Administración General del Estado y las Comunidades autónomas, para coordinar e integrar las estrategias nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y consensuar metodologías para realizar evaluaciones comparables.

Por útlimo, el documento se muestra partidario de "reforzar el papel de la Administración central en relación con la fijación de criterios armonizados para la aplicación de los protocolos y procedimientos de autorización y verificación de las emisiones a la atmósfera".