Concretamente, la moción consecuencia de interpelación urgente “sobre la transferencia a la Generalitat de Cataluña de la recaudación que se realiza en Cataluña de la asignación tributaria del porcentaje del IRPF destinado a fines sociales” sólo contó con 34 votos a favor, por 286 en contra y ninguna abstención. Los votos a favor salieron de los escaños ocupados por CiU, La Izquierda Plural, PNV y parte del Grupo Mixto.

El encargado de defender la moción fue el diputado de ERC Joan Tardà, quien señaló que no considera aceptable que haya comunidades autónomas que reciban muchos más recursos que otra con muchísima más población. Asimismo, indicó que no es justo que, por ejemplo, Cataluña reciba el 14% en concepto del 0,7% del IRPF para fines sociales cuando recauda el 25% del total.

La moción pedía que el Congreso de los Diputados instase al Gobierno a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional “en relación a las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de servicios sociales, familia y discapacidad”.

También pedía que se acatase la sentencia del Tribunal Supremo “en relación a las bases y a la convocatoria de subvenciones para la realización de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación tributaria del IRPF”.

La diputada del PP Matilde Asián manifestó que la doctrina del Tribunal Constitucional, “aún siendo clara en la distribución de competencias”, no excluye que el Estado pueda ejercer también acciones de ámbito estatal.

COMPETENCIA DEL ESTADO

Por su parte, la diputada del PSOE Esperanza Esteve señaló que las citadas sentencias establecen que la gestión de subvenciones y ayudas sociales corresponde a las comunidades autónomas, pero también reconoce al Estado la capacidad competencial para desarrollar proyectos.

No obstante, el diputado de CiU Carles Campuzano apuntó que “sería muy grave que el Gobierno incumpliese un mandato del Tribunal Supremo que obedece a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”

Por parte del Grupo Parlamentario La Izquierda Plural intervino la diputada de ICV Laia Ortiz, para quien la moción de ERC “es una reivindicación de más 20 años, de los que creen en la descentralización del Estado y en un federalismo de verdad”. En su opinión, el traspaso que reclama ERC es “inaplazable”.

Para el diputado del PNV Pedro Azpiazu, “lo único que pretende” la moción de ERC “es dejar las cosas en su sitio” y que los recursos que se recaudan gracias al 0,7% que se destina a fines sociales lo gestionen los que tienen, aseguró, las competencias, que son, a su juicio, las comunidades autónomas.

Finalmente, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo dijo que lo normal es que recaude más en las zonas más prosperas y se gaste más donde hay más necesidades. “Lo que nos sorprendería es lo contrario”, dijo.