La enmienda cuenta con la firma de prácticamente todos los partidos representados en el Congreso de los Diputados, pero no de los dos protagonistas, ni Amaiur ni UPD.

Dado que UPyD impulsa la moción original que pide la ilegalización de Amaiur, tiene la última palabra sobre la aceptación o no de la enmienda.

Si la acepta y se vota, contará con el respaldo prácticamente unánime, pero si la veta y somete a votación únicamente su moción original, será rechazada.

La enmienda constata que el anuncio de cese definitivo de la violencia por parte de ETA el pasado 20 de octubre ha sido consecuencia de la movilización de la sociedad contra el terrorismo, la unidad de las fuerzas políticas, la labor "ejemplar" de las víctimas, la firmeza del Estado de Derecho, la actuación de las fuerzas de seguridad y la cooperación internacional, "todo lo cual constituye la mejor evidencia de la victoria de la democracia" sobre ETA.

Insta al Gobierno a mantener el diálogo con los gobiernos vasco y navarro y con las fuerzas políticas democráticas, promoviendo la máxima unidad para, en primer lugar, exigir a ETA su disolución definitiva e incondicional.

También para "reforzar el compromiso con las víctimas del terrorismo para salvaguardar la memoria y la verdad, defender la dignidad y hacer justicia a todas las personas que han sufrido la violencia terrorista", y para "favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho".

También insta al Gobierno a "velar por el cumplimiento estricto de la ley y la persecución, en su caso, de cualquier conducta contraria al ordenamiento jurídico, con especial atención a la defensa de los principios democráticos, los derechos y las libertades fundamentales y la convivencia pacífica de los ciudadanos".