En las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, dos ciudadanos con discapacidad auditiva de Madrid no pudieron formar parte de la mesa electoral en la que les había correspondido estar por no disponer de un intérprete de lengua de signos, algo similar a lo que le sucedió a un murciano con problemas de visión, que por no contar con un asistente personal tampoco pudo desempeñar el trabajo de mesa que le correspondía.

Para evitar que situaciones de este tipo se repitan y para garantizar la accesibilidad a los colegios electorales de todas las personas con discapacidad, el Gobierno aprobará un reglamento antes de finales de año, explicó Jiménez en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados.

La ministra compareció hoy por primera vez desde que llegó al departamento en la Comisión de Discapacidad de la Cámara Baja, que contó entre sus asistentes con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez; el presidente de la ONCE y su fundación, Miguel Carballeda, y el vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán.

A juicio del presidente del comité representativo de las personas con discapacidad en España, la regulación de la accesibilidad a los procesos electorales es necesaria para evitar "problemas graves" como los ocurridos en diversos comicios.

JUBILACIÓN ANTICIPADA

En su intervención, la titular de Política Social afirmó también que el Ejecutivo está estudiando el adelanto de la edad de jubilación para las personas con discapacidad, considerando su grado de afectación y el hecho de que su discapacidad haga prever una menor esperanza de vida que la de los trabajadores sin discapacidad.

Igualmente, el Gobierno está ultimando la creación del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española, de manera que antes de que finalice este año tendrá lista la orden ministerial que lo regulará.

El Ejecutivo está trabajando también, según añadió la ministra, en un decreto que actualizará la terminología sobre discapacidad y en otro que incorporará las condiciones de accesibilidad al Código Técnico de Edificación. En la misma línea, se está elaborando el nuevo baremo de la discapacidad, que recogerá la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud.

Por otra parte, Jiménez apuntó, como ya hizo hace pocas semanas el secretario general de Política Social y Consumo, Francisco Moza, que se ha desarrollado un software abierto y gratuito que se entregará a las empresas para que fabriquen sistemas accesibles a la TDT y lo pongan en el mercado antes de que termine 2009.

También anunció la ministra que los resultados definitivos de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia 2008 (Edad) se darán a conocer el próximo 4 de noviembre.

PRIORIDAD SOCIAL

A juicio del presidente del Cermi, todos los anuncios hechos por Jiménez son positivos y responden a un "plan amplio y ambicioso", si bien lo más urgente para el sector de la discapacidad es la "traducción práctica" de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad a la legislación española, que según un estudio hecho por este comité requerirá de la adaptación de un total de 90 normas.

Esta adaptación es, a su entender, "la prioridad social de esta legislatura", y dentro de ella lo más urgente es la reforma de las incapacitaciones de las personas con discapacidad, de manera que pasen a tener apoyos para autogestionarse y no a quedar incapacitadas directamente, como ocurre ahora.