Durante la defensa del decreto, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró que, con estas medidas, el Gobierno “completa” su compromiso con los españoles para que la factura de la luz media en 2021 sea equivalente a la de 2018.

“En estos meses hemos completado la protección de los consumidores vulnerables y hemos tomado las medidas necesarias para asegurar que el precio medio de la factura en 2021 sea equivalente a la de 2018 en lo que a la electricidad respecta”, señaló Ribera, quien insistió así en que el Ejecutivo cumplirá con la promesa del presidente, Pedro Sánchez.

En este sentido, recordó que el Gobierno ha aprobado una rebaja fiscal “sumamente” importante del 60% y una disminución de los costes fijos de la factura en cargos del 96%.

Por una parte, el decreto recoge duplicar el descuento del bono social eléctrico hasta el 31 de marzo de 2022. Las comercializadoras pasarán así de pagar el 25% de la factura de la luz de los consumidores vulnerables a hacer frente al 60%. En el caso de las personas consideradas como vulnerables severas, la cobertura aumentará del 40% hasta el 70%.

En paralelo, el decreto contempla doblar el presupuesto destinado al bono social térmico en 2021, que alcanzará los 202,5 millones de euros. Según la ministra, estas medidas contribuirán a “aliviar” el peso de la factura eléctrica en 1,1 millones de hogares.

“Se trata de unas respuestas que, desgraciadamente, siguen siendo pertinentes”, reconoció Ribera, quien calificó los precios actuales de la electricidad de “astronómicos”. “Son cifras nunca vistas que nos obligan a reforzar la protección de los consumidores y a plantearnos unos cambios de un sistema que, claramente, necesita reformas”, subrayó.

SUAVIZACIÓN DEL ‘HACHAZO’

Por otra parte, el decreto recoge establecer una limitación de la minoración de los conocidos como “beneficios caídos del cielo” que contemplaba el real decreto-ley aprobado el pasado 16 de septiembre. En este sentido, el texto introduce que las compañías eléctricas que ofrezcan contratos de compraventa de energía a plazo y precio fijo (PPA) quedarán exentas de esta regla.

El Gobierno pretende así introducir un incentivo para que las eléctricas amplíen su oferta de electricidad a precio fijo de cara a los consumidores industriales, que tienen una cobertura “muy limitada” y se ven abocados a acudir al mercado mayorista del gas, que es el principal causante del aumento del precio de la electricidad en el ‘pool’.

Así, el Ejecutivo pretende limitar la penalización económica a aquellas compañías eléctricas “que se beneficien del ‘rally’ de los precios al gas” en detrimento del sector industrial.

“Nos sigue preocupando los clientes industriales que, en su mayoría, presentan una gran exposición a los precios del mercado”, reconoció Ribera, quien insistió en que “la mejor receta” es acelerar la transición ecológica. “Es la única vía para reducir la volatilidad de los precios de la energía y la dependencia de los mercados internacionales”, concluyó.

Para garantizar el correcto funcionamiento de esta última medida, el decreto incluye un paquete de medidas para dotar de mayor transparencia al mercado energético, entre ellas, la obligación de que las comercializadoras informen con un mes de antelación de cualquier modificación en los contratos de compraventa de energía (PPA), y de remitir sus ofertas de forma “transparente y actualizada” a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

PP, VOX Y CIUDADANOS SE ABSTIENEN

El diputado del PP Juan Diego Requena Ruiz aprovechó su discurso de fijación de posición para pedir la dimisión de Ribera por su trabajo “inútil”, y calificó el compromiso del Gobierno de rebajar la factura de la luz a los niveles de 2018 como “otra cadena de engaños a la sociedad”.

“Es una promesa que no va a poder cumplir nunca, una burda mentira. Mintió al presidente para ganar tiempo”, afirmó Requena, quien aseguró que “diga lo que diga” la ministra, “2021 será el año en el que los españoles paguen la luz más cara de la historia del país”. El PP optó por abstenerse en la votación.

Por parte de Vox, el diputado José María Figaredo Álvarez Sala criticó a Ribera por presentar un decreto que no facilite la solicitud de ayudas por parte de los colectivos vulnerables. “Las ayudas no están llegando, solo el 25% de los potenciales beneficiarios han sido capaces de solicitarlas”, afirmó en base a datos publicados en la prensa.

En este sentido, exigió reducir los trámites que los potenciales beneficiarios “no son capaces de cumplimentar” y “recuperar la soberanía energética”. No obstante, el partido dirigido por Santiago Abascal se abstuvo en la votación.

El diputado de Unidas Podemos (UP) Juan Antonio López Uralde de Garmendia anunció que su grupo parlamentario votaría a favor del decreto, pero reconoció que les parece “francamente mal” que “la energía que cuesta 3 euros el megavatio hora producirse” se venda a 200 euros o más. Por ello, abogó por aprobar una reforma “en profundidad del mercado” eléctrico e insistió en impulsar una empresa pública de energía.

Por parte de Ciudadanos, la diputada María Carmen Martínez Granados aseguró que este decreto es “el parche del parche” y, aunque contiene “medidas muy necesarias”, criticó que el nuevo mecanismo de la minoración de los “beneficios caídos del cielo” se hacen a base de un “criterio arbitrario”. Por este motivo, anunció la abstención del partido liberal.