La entidad incidió en que la violencia machista es la máxima expresión de un sistema estructural de desigualdad e injusticia social, y una violación grave de los derechos humanos de las mujeres. La violencia contra las mujeres se manifiesta en feminicidios, prostitución, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual a violencia intrafamiliar, matrimonios forzados o violencia sexual, entre otras.

Según un informe realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres), 736 millones de mujeres sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas. Las entidades alertaron de que los datos no han retrocedido en los últimos 10 años, sino que se han agravado a causa de la pandemia.

En lo que se refiere a España, el número de víctimas mortales en 2020 fue de 45, lo que provocó que 26 menores se quedaran huérfanos. En lo que va de 2021, ya son 37 las mujeres asesinadas y 24 menores en situación de orfandad.

Cáritas acompañó a un total de 9.560 mujeres de toda España en situación de exclusión social a través de distintos programas de acompañamiento. Además, la entidad desarrolla actualmente 28 proyectos de acompañamiento a víctimas de violencia machista, a través de los cuales en 2020 se atendió a 4.115 mujeres, de las cuales 3.402 son víctimas de explotación sexual. Concretamente, en 275 mujeres acompañadas se detectaron indicios de trata de personas.

A pesar de los avances sociales en la protección de los derechos de las mujeres, la realidad social refleja una profunda falta de oportunidades para aquellas que viven en las zonas más empobrecidas, en los territorios más marginales. La organización se centra en el acompañamiento de las víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y exclusión social.

Por otro lado, la entidad reclama a las administraciones públicas, responsables políticos, agentes económicos y sociales que aborden las violencias machistas desde la esfera pública y promuevan una educación en igualdad que elimine la transmisión intergeneracional de la desigualdad de género latente en la sociedad española. Asimismo, remarcó la necesidad de fortalecer las políticas públicas destinadas no sólo a la atención y protección de las víctimas, sino a la prevención y erradicación de la violencia de género.